Aunque se comprobara que durante el Operativo Palmarito unmilitar ejecutó a un civil, no se debe acabar con el trabajo querealizan las fuerzas armadas en favor de la sociedad civil en elTriángulo Rojo, en ausencia de policías debidamente capacitadas anivel municipal y en ocasiones estatal, sentenció el jefe de laoficina del gobernador, Javier Lozano Alarcón.
“Aun suponiendo y sin conceder que se compruebe ese caso, unhecho, un caso aislado de esa naturaleza, no puede echar abajo todoel trabajo, lealtad, patriotismo, seriedad, responsabilidad yentrega de nuestras fuerzas armadas en defensa de la sociedadcivil”, dijo.
Minimizó los pronunciamientos emitidos por AmnistíaInternacional sobre este caso, en el sentido de que las fuerzasarmadas están fuera de control y que se debe investigar laejecución extrajudicial cometida en Palmarito Tochapan, juntaauxiliar del municipio de Quecholac.
Y es que manifestó que la opinión de las organizaciones nodebe estar por encima de la autoridad ministerial, además refirióque las investigaciones ya la están llevando a cabo la FiscalíaMilitar y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La opinión que puedan tener organizaciones nacionales ointernacionales por muy respetadas o respetables que sean no puedenestar por encima de la autoridad ministerial, en ese sentidoesperemos a las conclusiones de la Procuraduría y la FiscalíaMilitar”, dijo.
CONFIRMA QUE EDILES SON INVESTIGADOS Y QUE HAYGASOLINERAS CLAUSURADAS
Por otro lado, confirmó que las autoridades federales síestán investigando a algunos alcaldes de Puebla por su complicidadcon las bandas dedicadas al robo de combustible, y que Pemex y elSAT suspendieron siete de las 14 gasolineras que fueron cerradas anivel nacional por inconsistencia entre compras y ventas, porposible defraudación fiscal y lavado de dinero.
Aunque se negó a revelar los avances de las investigaciones encontra de los presidentes municipales huachicoleros, el funcionarioestatal confirmó -sin mencionar que son propiedad del edil- queexiste relación entre las gasolineras cerradas con el gobierno dePalmar de Bravo encabezado por Pablo Morales Ugalde.
“Hay otras investigaciones en curso y lo que sí les puedoanticipar es que no nos vamos a detener, la investigación tienedos vertientes, una particularmente y la más importante viene dela SEIDO porque se trata de delitos del orden federal pero en elámbito también local por cuanto hace a delitos del ámbito localtambién la Fiscalía tiene abiertas varias líneas deinvestigación”, dijo.
Se le cuestionó si el edil de Palmar de Bravo debe de renunciaral cargo, a lo que refirió que la solicitud de licencia y renunciacorresponde a cada servidor público, no obstante, dijo que sihubiese necesidad el Congreso actuaría siempre y cuando se tenganelementos y evidencias necesarias.
Lo anterior lo refirió en el marco de la puesta en marcha de laCaravana de Acciones de Prevención en Tepeaca, a la cual asistióel secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro CarrascoAltamirano, quien refirió que estas acciones, en una segundaetapa, ya no se llevarán a las cabeceras municipales sino a cuatrocomunidades específicas donde se ha registrado el delito de robode combustible.
