/ martes 27 de junio de 2023

Eliminación de recursos del CONAHCYT para instituciones privadas no es discriminatorio: BUAP

Especialistas de la BUAP aseguran que la prioridad de estos recursos limitados es fortalecer el sector público

La eliminación del financiamiento que otorgaba el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) a las investigaciones de académicos, pertenecientes a instituciones privadas, no es discriminatorio, toda vez que la prioridad de estos recursos limitados es fortalecer el sector público.

En esta postura coincidieron Carlos Figueroa Ibarra, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y Liza Aceves López, directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores (SNI), durante un panel de discusión realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.


Luego de que la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación modificó el destino de los recursos públicos del CONAHCYT, esto se prestó para diversas malinterpretaciones y críticas, especialmente de investigadores de la iniciativa privada, quienes afirmaron que esto ponía en riesgo la libertad de investigación, expuso Aceves López.

“No es discriminatorio porque en realidad los recursos públicos están destinados a fortalecer a la institución pública de manera directa y también porque dichos recursos son limitados”, dijo.

En este sentido, aseguró que el fondo del CONAHCYT, destinado a incentivar las investigaciones del país, privilegia a aquellas que surgen de instituciones públicas, dado que el gobierno mexicano no le da subsidios a los trabajadores de empresas privadas.

Figueroa Ibarra se mostró a favor de esta postura, quien defendió que estos recursos prioricen la investigación de académicos del sector público, ya que dichas organizaciones no generan ingresos por su cuenta propia.

Hay que reflexionar el por qué el Estado tiene que erogar una gran cantidad de dinero por estímulos a una empresa privada de servicios educativos, que además, no es una institución de beneficencia, es una empresa que obtiene ganancias por brindar esos servicios educativos y por lo tanto tendría la obligación de crear ella misma los estímulos para esos investigadores”, precisó.

Por lo anterior, los especialistas hicieron un llamado a evitar la desinformación en relación a esta Ley que reformó diversas acciones al interior del CONAHCYT, así como a conocer acerca de cómo está disposición está hecha para regular el derecho humano a la ciencia.

La eliminación del financiamiento que otorgaba el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) a las investigaciones de académicos, pertenecientes a instituciones privadas, no es discriminatorio, toda vez que la prioridad de estos recursos limitados es fortalecer el sector público.

En esta postura coincidieron Carlos Figueroa Ibarra, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y Liza Aceves López, directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores (SNI), durante un panel de discusión realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.


Luego de que la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación modificó el destino de los recursos públicos del CONAHCYT, esto se prestó para diversas malinterpretaciones y críticas, especialmente de investigadores de la iniciativa privada, quienes afirmaron que esto ponía en riesgo la libertad de investigación, expuso Aceves López.

“No es discriminatorio porque en realidad los recursos públicos están destinados a fortalecer a la institución pública de manera directa y también porque dichos recursos son limitados”, dijo.

En este sentido, aseguró que el fondo del CONAHCYT, destinado a incentivar las investigaciones del país, privilegia a aquellas que surgen de instituciones públicas, dado que el gobierno mexicano no le da subsidios a los trabajadores de empresas privadas.

Figueroa Ibarra se mostró a favor de esta postura, quien defendió que estos recursos prioricen la investigación de académicos del sector público, ya que dichas organizaciones no generan ingresos por su cuenta propia.

Hay que reflexionar el por qué el Estado tiene que erogar una gran cantidad de dinero por estímulos a una empresa privada de servicios educativos, que además, no es una institución de beneficencia, es una empresa que obtiene ganancias por brindar esos servicios educativos y por lo tanto tendría la obligación de crear ella misma los estímulos para esos investigadores”, precisó.

Por lo anterior, los especialistas hicieron un llamado a evitar la desinformación en relación a esta Ley que reformó diversas acciones al interior del CONAHCYT, así como a conocer acerca de cómo está disposición está hecha para regular el derecho humano a la ciencia.

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