Eliminan Reconocimientos de Validez permanentes para escuelas de Educación Superior

La iniciativa tiene el propósito de establecer el derecho a la educación superior, la inclusión y la obligación del Estado para atender la demanda educativa

Berenice Martínez | El Sol de Puebla

  · miércoles 30 de junio de 2021

Foto: Captura de pantalla

El Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Educación Superior que elimina los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) permanentes a fin de que las escuelas privadas se actualicen para no perderlos.

Además, se fijan sanciones más severas a las universidades privadas que simulen actividades o expidan documentos sin validez, e incorpora el concepto de reconocimiento estatal a la gestión institucional y excelencia educativa, que se otorgará a las escuelas con RVOE de una antigüedad mínima de 10 años.

En sesión plenaria, los diputados aprobaron con 39 votos a favor la nueva ley que reemplaza la creada en 2012 y que consiste en una homologación a la Ley General de Educación Superior, promulgada el 20 de abril a nivel federal.

En la anterior ley se establecía que los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios tendrían una duración de seis años. Hasta el año pasado, la entidad contabilizaba 2 mil 300 RVOES, de los cuales más del 40 por ciento se habían entregado en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Ahora, las escuelas particulares deberán renovar sus reconocimientos cada seis años, cuando la duración de los planes de estudio sea de cuatro, a menos que la institución obtenga el reconocimiento estatal a la gestión institucional y excelencia educativa. En este caso ya no deberá realizar el refrendo.

El artículo 70 de la nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla señala que “corresponde a la Secretaría otorgar, negar o retirar este tipo de reconocimiento conforme a lo establecido en Ley General y la Ley General de Educación, así como de las disposiciones que deriven de ellas”.

La iniciativa presentada por los diputados Hugo Alejo Domínguez y Nora Merino Escamilla, tiene el propósito de establecer el derecho a la educación superior, la inclusión y la obligación del Estado para atender la demanda educativa. El dictamen fue avalado tras la realización de un parlamento abierto.