Dos ex servidores públicos estatales de primer nivel tendrían responsabilidades en los delitos de encubrimiento y desvío de recursos en el caso Accendo, mediante el cual las finanzas públicas tuvieron un daño patrimonial superior a los 600 millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle.
Aunque evitó mencionar los nombres de las dos personas, con el argumento de que los procedimientos administrativos impiden revelar su identidad, Moreno Valle informó que la investigación realizada por la dependencia ha concluido que sí hubo servidores públicos con responsabilidad en el daño ocasionado al erario.
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“Hay faltas catalogadas como graves, son dos específicamente: desvío de recursos y encubrimiento y con base en ello se inició el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”, declaró.
El titular de la Secretaría de la Función Pública señaló que cuando se tenga abierto el expediente se notificará a ambos ex servidores públicos para que se presenten ante la autoridad y comience formalmente el procedimiento en su contra.
Aclaró que el asunto no derivará en denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, ya que la Secretaría de Finanzas ha iniciado de forma independiente los procedimientos legales necesarios; no obstante, dejó en claro que las sanciones administrativas también pueden ser graves, conforme la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa.
Finalmente, el titular de la dependencia señaló que el desahogo del procedimiento administrativo, mediante el cual se pretenden establecer responsabilidades contra quienes fueron partícipes en la inversión de más de 600 millones de pesos, deberá concluir antes de que finalice el año.
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Cabe mencionar que fue durante la gestión del ex gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta que la Secretaría de Finanzas autorizó la inversión de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco con el argumento de que ofrecía mejores rendimientos; sin embargo, para ese momento la institución financiera ya contaba con una alerta de riesgo.
En septiembre de 2021 la institución fue declarada en banca rota y los fondos de los inversionistas, incluido el gobierno de Puebla, como perdidos, no obstante, la administración estatal ha emprendido procedimientos legales para reclamarlos.