“Es un asunto judicial y las resoluciones judiciales entre las partes de un litigio se acatan”, fue lo que declaró el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de que la Fundación Mary Street Jenkins espera que en las próximas horas le sea devuelto el control físico de la UDLAP, ya que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil dio un ultimátum a un juez para que acate la orden de suspensión.
En conferencia de prensa virtual, el mandatario fue cuestionado por las últimas acciones en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) pues Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación, explicó que el Juzgado emitió el ultimátum, con carácter de inmediato, el pasado viernes, de tal forma que esta mañana el juez 24 civil estará siendo notificado y deberá cumplir la instrucción, o de lo contrario sea multado con 100 unidades de medida y actualización (8,962 pesos) y denunciado ante el Ministerio Público Federal por desacato.
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Ante esta información, Barbosa Huerta, comentó lo siguiente: “Ninguna opinión me merece, es un asunto judicial y las resoluciones judiciales entre las partes de un litigio se acatan y una autoridad política como soy yo no tiene opinión en los asuntos jurisdiccionales”, comentó.
El gobernador en ocasiones anteriores había mencionado que preveía “sentencias muy duras” en contra de los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins por todo el desfalcó que se registró y por ello pidió un arreglo entre todas las partes involucradas en beneficio de los alumnos de la Universidad.
El mandatario dijo que las autoridades correspondientes ya tienen mucha información del caso, más allá de las auditorías que el nuevo patronato está haciendo al interior de la institución educativa. Por tanto, creía que urgía un arreglo para que la fundación pueda seguir ayudando y que los alumnos puedan tomar clases en la normalidad.
