La Comisión de Gobernación del Congreso local aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla para garantizar el respeto a los derechos humanos y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
La iniciativa presentada por el diputado del PRI, Jonathan Collantes Cabañas, consiste en armonizar conceptos establecidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Por unanimidad de votos, los diputados integrantes aprobaron las reformas a la fracción V del artículo 36 y las fracciones XVII, XVIII, XIX y XXXI del artículo 46, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
La diputada y presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, explicó que los cambios tienen el fin de establecer acuerdos para el cumplimiento del respeto de los derechos humanos de las personas que están en prisión.
Mencionó que la iniciativa propone promover, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, programas de capacitación e integración laboral para las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del estado.
Asimismo, se podrá organizar, dirigir y administrar los centros penitenciarios y los de internamiento especializados para adolescentes de la entidad, promoviendo en coordinación con la Secretaría del Trabajo, la integración social de las personas privadas de la libertad que hayan mostrado capacitación en el trabajo.
También proveer lo conducente para la vigilancia, control, tratamiento y lugar donde los adolescentes han de compurgar la sentencia, así como organizar, consolidar y ejecutar las políticas y programas para su rehabilitación y reintegración social, incluyendo a los que hayan cometido delitos.
De igual forma se considerará los trámites de solicitudes de traslado de reos y las tendientes a la reinserción social de los internos en los centros de reintegración social, además de participar en la coordinación y desarrollo de operativos, acciones conjuntas de colaboración en materia de seguridad pública, prevención, rehabilitación y reinserción social, tratamiento de adolescentes que hayan cometido conductas tipificadas como delitos por la legislación local.
Además, contempla vigilancia ecológica y forestal, protección civil y transportes, en el marco de los ordenamientos y convenios vigentes con los órdenes de gobierno e instituciones. El dictamen fue turnado al Pleno para su aprobación final.
