A cuatro años de iniciar operaciones en Puebla, la empresa de transporte ejecutivo Uber rompió con el monopolio que tenían los taxistas tradicionales y se consolidó como una fuente alternativa de empleo, aunque durante este periodo, la empresa norteamericana no ha estado exenta de escándalos de seguridad, opacidad, incremento en sus tarifas y quejas por parte de sus propios socios.
Antes del 2 de septiembre de 2015, que llegó la empresa norteamericana, los taxistas tradicionales controlaban la totalidad del mercado del transporte particular, sin embargo, hoy por cada dos taxistas hay un conductor de Uber.
Desde su llegada, Uber nunca transparentó el número de socios con los que cuenta, sin embargo, el gobierno del estado reconoce, hasta febrero de 2018, a 9 mil 129 conductores, de los cuales 7 mil 173 son socios, es decir, dueños de la unidad.
En contraste, hay registrados 20 mil 196 taxis tradicionales según el último informe del gobierno estatal con corte al primer trimestre de 2019.
El crecimiento de Uber se vio reflejado en sus ganancias, pues pasó de cobrar el 20 por ciento por cada viaje en 2015, al 25 por ciento en este año a sus socios. Incluso, los conductores han referido que, sin notificación previa o explicación, en algunos viajes costosos les han cobrados hasta el 40 por ciento.
El uso de la aplicación ha enfrentado una serie de controversias por su irregular manera de cobrar la tarifa, que aumenta cuando se califica como “dinámica”, y los diversos escándalos, entre ellos, conductores vinculados con grupos delictivos, incluso, uno preso por feminicidio.
En su primer día de operaciones, El Sol de Puebla documentó las deficiencias con las que arrancó el sistema en la capital, una de ellas, la dificultad para ingresar la tarjeta bancaria. Actualmente la situación es casi igual: hay fallas en la aplicación y tarifas más costosas sin que se dé una explicación al usuario.
Asimismo, en enero de 2017, Uber incrementó 8 por ciento su tarifa por kilómetro y la red de servicio se expandía a algunos municipios de la zona limítrofe como Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Tehuacán y Teziutlán.
De acuerdo a diversas solicitudes de información en la plataforma de transparencia, se conoce que fue hasta el 15 de diciembre de 2015, es decir casi tres meses después de su arranque, cuando se dieron de alta formalmente ante el gobierno estatal y solo pagaron de impuestos 50 mil pesos.
De 2015 a octubre de 2018, Uber reportó ingresos a Finanzas por 22 millones 830 mil 520 pesos, solo por dar de alta a las unidades.
La aplicación de Uber ha sido omisa a la Ley del Transporte y no ha instalado el “Botón de Pánico”. En contraste, en noviembre de 2017, multiplicó de 1 peso a hasta 11 por ciento de la tarifa de cada viaje, el cargo de seguridad y operación de su servicio, bajo el concepto de “Cuota de Solicitud”, que sigue vigente.
COMPLICES Y VÍCTIMAS DE DELITOS
La inseguridad ha alcanzado también a esta plataforma, afectando a usuarios, pero también a los operadores, quienes han interpuesto 88 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por robo, de enero a mayo de 2019.
En su momento, Manuel Alonso, entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, informó que más de 23 choferes de Uber fueron asegurados en la capital por cometer diversos delitos, desde robos del fuero común hasta narcomenudeo, entre 2017 y los primeros ocho meses de 2018.
Uno de los casos que más conmocionó a la sociedad poblana ocurrió la noche del 30 de septiembre de 2017. Mariana caminaba por las calles de la colonia Reforma Agua Azul, donde buscaba la vivienda de una de sus amigas para después salir de antro, sin embargo, fue asesinada cuando fue interceptada por tres sujetos a bordo de un automóvil registrado en la plataforma de Uber para asaltarla.
José de Jesús “N”, exconductor de la plataforma Uber, fue detenido y sigue preso por el delito de feminicidio. Aunque, en una de las audiencias en su contra, él alegó que actuó bajo amenazas de muerte.
Por otra parte, también ha sido utilizada para robar hasta integrarse como agrupación delictiva. En febrero de 2018, las autoridades municipales revelaron que “La Banda del Kia Negro”, que se dedicaba a robar tiendas de conveniencia, operaba con un vehículo de la plataforma de Uber.
Un mes después, se dio a conocer de la detención del Benjamín N. alias “El Benji”, líder de una banda de ladrones al que acusan de más de 100 robos a casa habitación y el narcomenudeo. Él trabajaba como chofer en la plataforma ejecutiva.
CAMBIOS EN EL SERVICIO
En 2015, este diario documentó que los conductores te abrían la puerta para ascender a la unidad, te compartían el cargador para el celular, te daban a elegir una canción o estación de radio preferida y hasta ofrecían dulces o agua.
Ahora, es inusual que el operador abra la puerta al cliente, no dan ninguna bebida y es el propio pasajero quien solicita al conductor un cargador para el celular, que en ocasiones, lo niega por no portarlo.
Algunos de los cambios al servicio fueron el 18 de mayo de 2019, debido a que la propia empresa tuvo que implementar una medida contra el acoso sexual. Estas implicaban que el operador no podía hacer comentario o preguntas personales como: ¿Eres casad@ o solter@?, ¿vas para tu casa?, ¿cuántos años tienes?, o bien; "¡Que mujer! Eres muy linda/bonita. Guapa, chula o mi amor.
LA COMPETENCIA Y EL EFECTIVO
Un año después del ingreso de Uber, en febrero de 2016, llegó Cabify, una plataforma española que se caracterizó por una tarifa mucho mayor. Asimismo, en febrero de 2019, a la competencia se sumó DiDi, una compañía china que mantiene los costos más económicos.
Cabify puso a Puebla en la mira nacional por vincular a un conductor con el asesinato de la joven universitaria Mara Castilla, que requirió de este servicio en Cholula.
La anterior situación ocasionó que en 2017, el Congreso del Estado hiciera modificaciones a la Ley de Transportes de Puebla para restringir el uso de efectivo e impuso otras series de normas ante el homicidio de la estudiante.
Uber regresó a la competencia directa contra los taxis tradicionales el 10 de julio de 2019, cuando habilitó el pago en efectivo de sus servicios en Puebla, luego de que un Tribunal Federal emitió una suspensión definitiva en la que reconoce que prohibir el efectivo, es inconstitucional .