Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Asociación de Abogados de Cholula darán acompañamiento gratuito a ciudadanos que denuncien actos de corrupción en dependencias de los tres niveles de gobierno.
Este miércoles ambas áreas firmaron la carta de intención para crear la “clínica de litigio estratégico para el combate a la corrupción” y mediante cuatro criterios acompañarán litigios de denuncias ciudadanas hasta llegar a las últimas consecuencias legales.
La presidenta del comité, Catalina Aguilar Oropeza, explicó que las personas pueden presentar su queja en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia al teléfono 3099 099 en donde asesores determinarán si son faltas administrativas graves, no graves o si se trata de un acto de corrupción, después el consejo compartirá los casos a la clínica para analizarlos.
Tenemos convenio desde febrero con el Consejo Ciudadano y están recibiendo y asesorando a la ciudadanía en temas de casos de corrupcióndestacó.
En conferencia de prensa, Catalina Aguilar, detalló que uno de los objetivos de la clínica es generar propuestas de mejora para las autoridades como protocolos para integrar de manera articulada, estandarizada y eficiente las carpetas de delitos por hechos de corrupción.
Precisó que los ciudadanos deben presentar las denuncias para que el equipo de 14 abogados pueda intervenir en la defensa de actos de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de comprobarse dijo que podrán emitir recomendaciones.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana reiteró que después de la inseguridad la corrupción es el segundo problema que preocupa a la ciudadanía y que más del 58 por ciento de la población cree que la incidencia se ha elevado de frecuente a muy frecuente.
De la Asociación de Abogados de Cholula, Guadalupe Carranco, compartió que los cuatro criterios iniciales para definir los asuntos que litigarán son: que la situación afecte a un grupo de personas físicas o morales, que no sea un caso aislado, afecte una política pública en los tres niveles de gobierno y que los afectados no tengan apoyo de un abogado.
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