Endurecer las penas por robo y comercialización de hidrocarburos no disminuirán estos delitos en el estado, advirtieron académicos.
El dictamen aprobado por el Senado de la República para castigar con hasta 30 años de prisión el ‘huachicoleo’ no evitará, señaló Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, el hurto de combustibles en el estado y el resto del país.
“No hay relación entre aumentar las penas y la disminución de los delitos”, sentenció. “Más bien creo que esto es un tema político para calmar un poco los ánimos por la cantidad de incidencia delictiva que hay en el estado y la percepción ciudadana de la incidencia delictiva”.
Sancionar con mayor firmeza la extracción ilícita de combustibles y su posterior venta no disuadirá, coincidió Juliana Vivar Vera, profesora del departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, a estos delincuentes. “Existe una idea errónea de que incrementar las penas ayuda a disminuir como tal la Comisión del Delito, finalmente no hay ningún resultado, ningún cambio”, señaló. “Quienes se dedican a estos delitos lo hacen muchas veces con la complicidad de las misma autoridades y dentro de las mismas empresas”.
Este dictamen, que también contempla imponer multas por hasta 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a aquellos que participen en el robo y comercialización de hidrocarburos, podría incluso, apuntó Jonathan Carlos Amaro Hernández, integrante de la Academia de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, aumentar el grado de organización de las bandas criminales.
“El hecho de que nuestros legisladores hayan castigado de manera más severa, tanto de manera económica como privativa de la libertad, a aquellos que cometan un delito de huachicol, no va a hacer que esto se frene”, afirmó. “Al contrario, en un momento dado, va a lograr que ellos se especialicen más y ocupen más gente para ocupar los retenes, los operativos, para esconder el producto que ellos han ordeñado. No va a disminuir el índice delictivo”.
Enviar a los poblanos que participen en esta actividad ilícita a cárceles durante tres décadas no impedirá, recordó Curiel Tejeda, que sigan delinquiendo, incluso, desde el interior del penal. “El problema está en que en nuestro país tampoco los Centros de Reinserción Social son tales, hay una verdadera problemática de empoderamiento de la gente dentro de los Ceresos, de gobierno de facto dentro de los Ceresos, de prostitución, manejo de armas, drogas… realmente los Centros de Reinserción Social no lo son”, acusó.
PIDEN POLÍTICAS PÚBLICAS
En vez de incrementar las penas, los académicos apostaron por la aplicación de políticas públicas para disuadir a los poblanos de participar en el robo de hidrocarburos, como empleos mejor remunerados o campañas de educación. “El hecho de que la gente compre combustible robado es otro de los incentivos. Si nadie comprara combustible robado, obviamente no habría mercado y, por lo tanto, no se robaría”, ejemplificó Curiel Tejeda. “No porque se reformó una ley, se va a solucionar el problema, porque este tipo de delitos son mucho más complejos”.