Ante la presunta comisión de un fraude en agravio de la escuela primaria Manuel Pozo, en Xochiapulco –una de las ganadoras en la llamada rifa del avión presidencial–, el gobierno federal debe intervenir en el caso, pues desde un inicio tuvo que transparentar las formas en cómo entregó el recurso, consignó Enrique Cárdenas Sánchez, doctor en Economía en la Universidad de Yale y especialista en Movilidad Social.
Tal como documentó esta casa editorial, la institución usó ocho de los 20 millones de pesos que tenía en su poder para contratar una empresa que prometió hacer labores de construcción y mantenimiento. El problema fue que ésta cobró sus honorarios y abandonó la obra sin que se supiera más de ella. Además, la comunidad escolar acusó que la mesa directiva responsable de administrar el recurso se deslindó del caso, dejando en la incertidumbre el destino del dinero.
Ante ese contexto, el especialista refirió que, si bien, este caso en particular no ocurrió como entrega de un programa de asistencia social como tal, pues fue dado más bien como “premio” obtenido a raíz de la rifa del avión presidencial, el suceso representa que la Federación carece de protocolos confiables para otorgar dinero público, e insistió en que esta práctica se extiende a otros apoyos.
Gobierno Federal debe transparentar a quiénes entregó premio de 20 mdp
“Aquí no hubo un padrón, sino más bien fue al azar, pero en el caso de los demás programas sí, debe de haber un padrón [y] reglas de operación (...) El entregarlo en la mano no necesariamente es malo, lo que es malo es entregarlo sin un procedimiento que sea transparente y auditable, es decir, que sea abierto”, indicó.
Respecto a este caso, sostuvo que el Estado mexicano debe transparentar cómo y a quiénes les fueron entregados los 20 millones de pesos por concepto de pago del premio, pues podría estarse constituyendo un presunto caso de fraude en agravio de esa comunidad escolar, en el que podrían perder todo el recurso invertido. Por lo tanto, aunque el caso debe ser tratado entre particulares, el gobierno debe por lo menos incitar a que se denuncie formalmente, remarcó.
“Sigue siendo responsable porque al final de cuentas es dinero público (...) pero si el dinero no se usó para lo que se supone que se tendría que usar y a quien se le dio el dinero no está rindiendo cuentes, pues el gobierno tendría que demandar ahora a quien le dio el dinero (...) Abrieron la puerta para que hubieran fraudes y malos manejos de esos recursos”, compartió a este diario.
Cuestiona Enrique Cárdenas padrones de beneficiarios
Ante ese contexto, Cárdenas Sánchez cuestionó los protocolos de la Federación para constituir sus padrones de beneficiarios, pues dijo que hay dudas sobre cómo se desarrollaron, además de que muchos de ellos son selectivos o hasta usados como condicionantes para recibir un apoyo. Criticó también que los mismos no tengan reglas de operación claras.
“[Por ejemplo] cuando se hizo el Censo del Bienestar que no es auditable, que no es transparente, que no es para nada confiable, pues quienes lo hicieron, los Servidores de la Nación, escogían a quién sí y a quién no (...) Se vuelve muy discrecional (...) y queda sujeto a las extorsiones que pueda hacer la autoridad”, subrayó.
Agregó que proporcionar el recurso “de mano a mano” fue algo que planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como forma de aminorar los casos de corrupción, sin embargo, esta estrategia ha demostrado que no ha sido funcional todavía. Un ejemplo de ello, es lo que ocurrió en Xochiapulco, insistió.
Para finalizar, remató diciendo que al hacerlo de esta forma, el Estado constituye el recurso más bien como una forma de brindar una dádiva, que es utilizada “para comprar voluntades”, y no como un derecho al cual tienen acceso los mexicanos.
Aunado a ello recordó que fue el mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) quien evaluó en 2020, que algunos de los programas propuestos por el gobierno del presidente López Obrador carecen de lineamientos.
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