Para la transversalidad de la perspectiva de género, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) otorgará a Puebla 32 millones de pesos, informó la titular del organismo, Nadine Gasman Zylbermann al acudir a la primera sesión del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Nadine Gasman manifestó que el estado de Puebla no es ajeno a la violencia de género que sucede en el país, pero las administraciones en su conjunto deben reducir los indicadores con acciones coordinadas.
“Hoy en día el feminicidio y la trata de mujeres conforman las expresiones más terribles de esta violencia, por ello es tan importante establecer programas de prevención que involucren a todas las dependencias y organizaciones de la sociedad civil”, dijo.
La titular de INMUJERES señaló que Puebla es uno de los estados con más población femenina, de ahí la importancia de garantizar la igualdad y acciones encaminadas a ofrecer tanto seguridad como acceso a oportunidades de desarrollo.
Resaltó que además del Poder Ejecutivo, es importante que desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) garanticen la impartición de justicia con perspectiva de género y que desde el Congreso local se hagan las adecuaciones necesarias en para castigar cualquier tipo de violencia y establecer mecanismos de igualdad.
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que en Puebla se atienden todos los casos de violencia y feminicidio; dijo que no hay impunidad porque todos los agresores tienen un castigo o se encuentran en medio de un proceso judicial por estos actos de violencia.
Con la presencia de su gabinete, el mandatario aseguró que su gobierno trabaja en el empoderamiento de las mujeres, esto es así porque la mayoría de su gabinete está conformado por féminas y el 54 por ciento de los integrantes de la administración pertenecen a este género.
Durante la sesión del sistema se presentó el acuerdo para la igualdad que prevé diferentes acciones como: llevar la perspectiva de género a todo el gobierno e incorporarla a los planes, programas y acciones de la administración; uso de lenguaje incluyente; mantener cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual y laboral dentro del sector público; así como capacitar a los servidores públicos en la materia.