Con la publicación en el Periódico Oficial del Estado, entró en vigor la reforma al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la Secretaría de Movilidad y Transporte regule los cobros de grúas y corralones en el estado.

La reforma tiene como objetivo establecer las tarifas relacionadas con los servicios auxiliares de transporte que prestan los privados, ya que antes, la legislación sólo daba facultades a la autoridad para otorgar una autorización de prestación del servicio.

El decreto expone en su justificación que la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene como atribución fijar las tarifas máximas y mínimas para la prestación del servicio mercantil; al ser las grúas un servicio de transporte auxiliar se le otorgó la competencia para establecer los montos.

Además, indica que uno de los problemas que enfrenta la ciudadanía al momento de solicitar el servicio de arrastre o salvamento vehicular, hay incertidumbre de los costos reales que representa el uso de este servicio y sobre todo porque no se cuenta con un ordenamiento jurídico en materia de corralones y grúas.

De este modo, a partir del 13 de diciembre, un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene como atribución regular las tarifas para el arrastre, traslado y depósitos de vehículos.

“Diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, así como tarifas para el arrastre, arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”, señala el artículo 42 una vez aplicada la reforma.

Esta semana, el gobernador Miguel Barbosa adelantó que la Secretaría de Movilidad y Transporte emitirá diversos reglamentos y aunque no especificó cuáles, el ordenamiento de grúas y corralones es uno de los pendientes.

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