Puebla es el tercer estado que registra más denuncias por uso electoral de programas sociales, principalmente federales, advirtió Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
La entidad federativa concentraría, estimó Nieto Castillo ayer en entrevista, aproximadamente el “13 por ciento” de las quejas interpuestas en todo el país entre 2014 y 2017 por presunto condicionamiento de esquemas sociales, como Prospera y 65 y Más.
“Está vinculado particularmente con varios programas de Prospera, de Sedesol. Inclusive en el caso de Prospera se llegaron a encontrar copias de credenciales de elector con los sellos de Prospera que fueron utilizados para inflar los apoyos ciudadanos de alguna candidata independiente al gobierno del estado de Puebla durante el año pasado”, ejemplificó, sin referirse explícitamente a Ana Teresa Aranda Orozco.
Sólo Oaxaca y Chiapas superan al estado en el registro de denuncias por condicionamiento de programas sociales con fines electorales, hecho que, argumentó el especialista, establecería un nexo entre el delito y la pobreza.
El peculado electoral, es decir, la apropiación de recursos públicos por parte de las autoridades para destinarlos a fines políticos, es también uno de los delitos que, añadió Nieto Castillo, más se repiten en Puebla. “En ese sí hay un ámbito estatal y uno municipal en donde se detectaron desvíos de recursos hacia temas electorales”, precisó.
ADVIERTEN SOBRE APORTACIONES SALARIALES INDEBIDAS
Partidos políticos están aprovechando cargos de autoridad en los tres niveles de gobierno acusó el extitular de la Fepade, apropiarse de parte del salario de los trabajadores públicos y destinarlo al financiamiento de campañas electorales.
“Se obliga a los trabajadores a firmar un oficio en el cual se comprometen a dar desde el 3.5 por ciento de su salario hasta el 10 por ciento a un partido político en el poder, llámese como se llame”, explicó. “A partir de ahí el dinero se concentra en la Secretaría de Hacienda y ya sea por transferencia o por cheque se manda a los comités directivos estatales de los partidos políticos”.
Esta práctica ha sido detectada, aseguró, en entidades federativas como Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo o Ciudad de México. “No conozco el caso de Puebla, necesitaría investigarlo”, afirmó.
