La senadora Nancy de la Sierra Arámburu lamentó que, a pesar de los esfuerzos desde distintos frentes, el delito de trata de personas que daña de manera irreparable a las víctimas, sigue existiendo como uno de los mercados ilícitos más lucrativos a nivel global.
Durante su participación en el foro virtual denominado “Retos y Avances en la Persecución del Delito de Trata de Personas y en la Atención a las Víctimas del Delito”, organizado por la Comisión Unidos contra la Trata y celebrado este jueves, la senadora petista consideró que, dar un paso fundamental en la lucha contra la trata, es visibilizarla.
En este sentido, destacó la importante responsabilidad que tiene el Estado de: prevenir, sancionar y erradicar esta práctica inhumana que dolorosamente cada día cobra más vidas en México y en el mundo.
“El Poder Legislativo tiene un papel clave para crear un marco jurídico que coadyuve a combatir este fenómeno delictivo, a no dar paso a la impunidad de los tratantes, y que brinde protección a las víctimas, así como les garantice recursos legales para reconstruir su vida”, enunció.
Asimismo, resaltó que resulta muy pertinente que este tipo de eventos se lleven a cabo en el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, por lo que reiteró que la trata de personas, sin duda, es una terrible forma de esclavitud contemporánea.
“Lamentablemente a pesar de los esfuerzos desde distintos frentes, este delito que daña de manera irreparable a las víctimas sigue existiendo, como uno de los mercados ilícitos más lucrativos a nivel global. Por ello, necesitamos este tipo de espacios”, comentó.
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Finalmente, anunció que presenté una iniciativa para crear el Registro Nacional de Refugios, Albergues y Casas de Medio Camino para la Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.
Cabe señalar que el webinar estuvo encabezado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y en él panel participaron legisladores federales, Comisión de Derechos Humanos, representantes de la iglesia católica, fiscales y procuradores de 19 estados de la República.