El Estado tiene una deuda con las víctimas indirectas de desaparición forzada en Puebla. Hasta septiembre del 2021, el 65.1 por ciento de 17 familiares de víctimas en la entidad, entrevistados por especialistas de la Universidad Iberoamericana Puebla, reportó que su situación estaba igual, es decir, sin avances en su investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior revelaron académicos de la casa de estudios en el Análisis de la Ley de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla. Al respecto, Rosario Arrambide González, especialista de esta universidad, acusó la falta de cumplimiento de dicho estatuto, lo que representa una grave violación a los Derechos Humanos no solo de los desaparecidos, sino también de sus familias.
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De acuerdo con el informe, durante el mismo periodo señalado, el 76.9 por ciento de familiares solicitó ayuda a las autoridades para las labores de búsqueda y únicamente el 30 por ciento de ellos recibió una respuesta y solo el 10 por ciento sí recibió ayuda.
En tanto, a partir de septiembre de 2021 y hasta este día, el 84.6 por ciento de víctimas indirectas solicitó ayuda y solamente el 9 por ciento aseguró haberla recibido, pero sin resultados, es decir, el apoyo aunque estuvo presente fue inservible para encontrar a sus desaparecidos.
“Reportan que la situación sigue igual, que no hay organización y no se ven cambios, puesto que las autoridades delegan en las personas que buscan a sus familiares el seguimiento de investigaciones y de procesos”, condenó por su parte Jessica Utrera Capetillo, académica de esta institución.
La ineficacia de esta Ley condena a las investigaciones a ser infructuosas, afirmó, y por ende, las víctimas seguirán como hasta ahora: sin resultados.
“No existe un cumplimiento total de esta Ley y los mecanismos de búsqueda no son suficientes, se requiere atender esta problemática y hacer cumplir un estatuto que fue resultado de la exigencia y trabajo de familiares, de una lucha que responde a un contexto muy grave”, agregó Arrambide González.
Aunado a ello, las especialistas hicieron un urgente llamado a las autoridades locales para atender esta problemática, pues además de la falta de cumplimiento de esta Ley, los familiares sacrifican su propio bienestar para encontrar a los suyos.
Refirieron que, desde diciembre de 2010 hasta abril de 2022 al menos 13 personas buscadoras fueron asesinadas en Puebla, presuntamente como represalia a sus labores de búsqueda.
“El Estado tiene pendientes para acatar las obligaciones en materia de búsqueda de investigación, esperamos que este informe ayude a las autoridades a identificar áreas de oportunidad para dar un cumplimiento adecuado a sus funciones y adopte medidas para el cumplimiento de esta Ley”, concluyó Arrambide González.
