Durante al menos tres periodos de gobierno federal, el Estado fracasó en la creación de políticas públicas que modifiquen las causas de violencia y garanticen la paz en el país, acusó Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Al rendir su cuarto informe de labores, correspondiente al periodo 2022-2023 y con sede en esta casa de estudios, Patrón Sánchez expuso que en la última década y media la violencia se agravó y el cambio de signo político se ha mostrado indiferente ante ello.

“El Estado no ha sido capaz de favorecer la construcción de paz, por el contrario, los últimos tres gobiernos se han empeñado en una estrategia de militarización que no solamente ha resultado ineficaz, sino que han puesto en riesgo el respeto de los derechos humanos”, aseguró.

La presencia de actos violentos se ha extendido a diversos sectores sociales, especialmente en donde hay una pauta histórica de marginación y donde la ausencia de la institucionalidad del Estado y de la procuración de justicia los han condenado a la impunidad, aseveró.

“En los últimos tres gobiernos las cifras oficiales sobre la actividad delictiva siguen dibujando una línea ascendente en la mayoría de delitos, sobre todo en la desaparición de personas y los feminicidios”, afirmó.

En su discurso el rector hizo hincapié en que el país atraviesa por siete problemas graves, que son la violencia, la pobreza, la desigualdad, la polarización social, las secuelas de la pandemia por Covid-19 y el deterioro del medioambiente.

Recordó que estos actos no se reducen a cifras, pues detrás de cada uno de estos conceptos se encuentran millones de historias de marginación normalizada por la sociedad e ignorada por el Estado. Afirmó que las víctimas y sus familias son personas que quedaron imposibilitadas de acceder a los medios para poder cambiar sus condiciones de vida y su perspectiva de futuro.

Por esto, el rector hizo un llamado al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a garantizar que el Estado sea un mediador de estos actos, que las víctimas no sean condenadas a la desigualdad y la apatía de las instituciones.