Los ex regidores panistas de Chignahuapan, Octavio N y Laura N, fueron sentenciados a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y 200 días de multa, luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) confirmara que incurrieron en un delito electoral en 2019 al repartir propaganda del entonces candidato de su partido político al gobierno del estado, Enrique Cárdenas, en diversas áreas del edificio del ayuntamiento.
Es importante destacar que, dado que estos hechos ocurrieron durante un proceso electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República también intervino a través de su fiscalía especializada.
Los dos regidores sentenciados eran miembros del PAN y apoyaron al candidato de su partido, quien también contaba con el respaldo del PRD y Movimiento Ciudadano en 2019. Pertenecían a un grupo panista que se oponía al grupo que presentó la denuncia contra ellos en ese entonces.
Según diversas fuentes de la administración, en el día de los hechos, incumplieron con la instrucción de no involucrarse en ningún proceso político durante horarios laborales y en edificios públicos. Esta instrucción no fue acatada y fue aprovechada por la panista que presentó la denuncia, quien pertenecía a otra fracción del PAN en el mismo ayuntamiento que estaba encabezado, en ese momento, por Javier Tirado Saavedra.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los regidores fueron detenidos por unas pocas horas y luego liberados, sin que se hayan dado a conocer los detalles de si fue simplemente un proceso administrativo o la definición de su situación judicial en libertad. En 2019, estos hechos pasaron casi desapercibidos y no tuvieron mucho impacto en los medios locales o estatales.
Fue hasta la tarde del pasado sábado cuando un comunicado de la Fiscalía General de la República, referido como el 600/23, informó sobre la sentencia condenatoria obtenida contra Octavio y Laura, los ex regidores panistas que dieron su apoyo a un candidato en horario laboral en diversas áreas del edificio del ayuntamiento de Chignahuapan.
A raíz de las investigaciones realizadas por el personal ministerial de la fiscalía electoral, se determinó vincularlos a proceso y, posteriormente, el juez de control estableció su responsabilidad en los hechos. Como resultado, se dictó una sentencia de dos años de prisión, una multa equivalente a 200 días y una inhabilitación de dos años para ejercer algún cargo público, además de la petición de dos años.
Cabe recordar que, en ese proceso electoral estatal extraordinario, Miguel Barbosa Huerta, abanderado de Morena, ganó con el 44.85 por ciento de los votos; su contrincante más cercano fue Enrique Cárdenas Sánchez, un panista que logró el 33.16 por ciento de los votos. El priista Alberto Jiménez Merino apenas logró el 18.49 por ciento.
