En Cuetzalan, Puebla, un incidente que involucra a la Fiscalía General del Estado ha desatado una ola de indignación entre los residentes del municipio. La controversia comenzó cuando Celso Sánchez Guerrero, un indígena cuetzalteco, fue presuntamente víctima de un intento de despojo de su propiedad por parte de individuos que, aparentemente, incluían miembros de la Fiscalía.
Según Sánchez Guerrero, el 15 de agosto alrededor de las 10:00 horas, fue abordado por cuatro personas que se identificaron como agentes de la Fiscalía. Le informaron que tenía una orden de aprehensión por robo de vehículo, a pesar de que él desconocía las acusaciones. A pesar de su resistencia, fue esposado y trasladado a la capital poblana, donde permaneció en los separos.
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En su carta pública fechada el 17 de agosto, Sánchez Guerrero denuncia que, simultáneamente, su vivienda fue ocupada por Gabriela Molina Arroyo y su abogado, Amador Flores Diego, quienes llegaron acompañados de personas armadas. Molina Arroyo, ex candidato del PRD a la alcaldía del municipio, junto con otros desconocidos, habría ejercido violencia y cerrado la propiedad.
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La noticia se esparció rápidamente por redes sociales y medios locales, generando una reacción enérgica de la comunidad. Organizaciones como Yolchikautapajtiani DH, el sacerdote Marcos Millán Alvarado y varios particulares intervinieron para ayudar a Sánchez Guerrero, quien recuperó su hogar el 16 de agosto.
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Las críticas no se hicieron esperar, con denuncias sobre irregularidades en el proceso judicial y preocupaciones sobre futuros abusos de autoridad. La Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y la Equidad de Género exigió una revisión exhaustiva del caso y sanciones para los responsables.
Los habitantes de Cuetzalan expresaron su temor y malestar, exigiendo una intervención inmediata del gobernador y las autoridades municipales para prevenir futuros abusos.
(Con información de Edgar Barrios)
