Alargan proceso de hermanos acusados de homicidio tras comprar celular usado

Ayer se determinaría la situación legado, pero el juez determinó una nueva audiencia para el 19 de abril

Iván Rodríguez | El Sol de Puebla

  · viernes 16 de abril de 2021

Foto: Cortesía

En Tehuacán, se alarga la agonía para la familia Romero Ramírez, luego de que se amplió el plazo de acusación unos días más para determinar la situación legal de los hermanos Emanuel y Fanny, quien esperaban que este pasado 15 de abril les dictaran auto de libertad, tras no haber procedido las pruebas en su contra por el delito de intento de homicidio en contra de un servidor público.

Olga Ramírez, madre de estos dos jóvenes detenidos, mencionó que ya por la noche del jueves terminó la audiencia que fue considerado como el término de pruebas, dando paso al acuse de los servidores públicos, por lo que se anunció una audiencia más que está programada para el próximo lunes 19 de abril, en la que esperan que ahora sí sea la definitiva para saber su situación legal.

Señaló que hasta estos momentos los abogados esperan saber qué declaración volvieron hacer los agentes ministeriales del estado, los cuales fueron los que denunciaron que, al momento de su detención, la cual dicen que fue en la carretera, uno de ellos intentó agredirlos, siendo esa la causa por la que aún permanecen en la cárcel.

La familia espera que los agentes se retracten de estas acusaciones a su juicio falsas o que simplemente dejen de ratificar y será ese el motivo por el cual se pudiera lograr de que ambos hermanos salgan libres, pero esto será hasta que sepan cual es el contenido de la acusación, siendo para ellos horas angustiantes sin saber si siguen insistiendo en que sus hijos están involucrados en algún delito grave.

Por último, la madre refirió que su abogado dijo que ya no hay más tiempo y que este lunes debe de darse el fallo a favor o en contra, por lo que la familia espera que las acusaciones en contra de ellos terminen y que se aclare que el motivo de estar en la cárcel es por comprar un teléfono usado, el cual resultó que era propiedad de una mujer víctima de homicidio y pese a que no hubo pruebas en su contra los acusaron de otro delito.