Alcaldes y funcionarios públicos de 8 municipios poblanos enfrentan quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por actos de misoginia y violencia política de género, así ha sido documentado en diferentes momentos por esta casa editorial.
Los municipios con estas irregularidades son: Teziutlán, San Antonio Cañada, Rafael Lara Grajales, Francisco Z. Mena, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Coyotepec, Zapotitlán Salinas y Tecamachalco, donde las autoridades y funcionarios de primer nivel han sido señaladas por agraviar al género femenino, ya sea en el discurso o de forma física.
Entre los casos registrados destaca la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla en contra del presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, por llamar “Sucias y cobardes” a las mujeres durante la celebración del día del Rechazo al Abuso Infantil.
Otro caso que sigue en investigación es la queja de dos regidoras de San Antonio Cañada, quienes acusaron de misógino al edil Bernardino Aquino Beléndez, quien por ser mujeres las mandó a limpiar los baños del Ayuntamiento para presuntamente justificar su sueldo; incluso a una de ellas le suspendió su salario desde hace más de un año.
De igual forma, cuatro regidoras y la síndico municipal denunciaron al presidente municipal de Rafael Lara Grajales, Jorge Alejandro Vera Palacios, ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por violencia de género en el ejercicio político que desempeñan desde el inició de la administración.
Un conflicto similar enfrenta el presidente municipal de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, a quien la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir en el cargo a la regidora Flor Teresa Ávila Núñez, así como pagarle sus salarios caídos y pedirle una disculpa pública, luego de que se confirmara que el edil incurrió en violencia política de género.
El alcalde de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Bartolomé Hernández González, también fue denunciado por la regidora de Gobernación, Gloria Carrasco Avendaño por haberla sacado a gritos y empujones de la alcaldía, luego de prohibirle que se metiera en asuntos de Seguridad Pública y pedirle su renuncia, lo que le provocó complicaciones de salud.
El presidente municipal, de Coyotepec, Eleuterio Melchor Campos, despidió a la secretaria general del Ayuntamiento, Karen Hernández Aguilar, con el argumento que ya no era de su confianza y la Ley Orgánica Municipal lo aparaba. La ahora ex secretaria General declaró que su despido se debió a que no se prestó a solapar los actos de corrupción del alcalde.
El presidente de Zapotitlán Salinas, Eduardo Vázquez Márquez, se negó a pagar 152 mil pesos de salarios a la regidora Mercedes Ramírez Salazar, a quien incluso destituyó. El alcalde recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la sentencia donde se le ordenó cubrir los adeudos y devolver el cargo a la regidora.
Tania Torres Vázquez, juez calificador del municipio de Tecamachalco, junto con el Observatorio Ciudadano Laboral, denunciaron ante los medios de comunicación a Rufino Maldonado Hernández, regidor de Gobernación, por violencia de género y abuso de autoridad.
SE INGNORAN TEMAS DE GÉNERO
En entrevista la especialista en temas de equidad de género, Kate Sarmiento, explicó que la misoginia se define como el odio hacia las mujeres y se expresa con calificativos peyorativos y actos violentos, mientras que la violencia política de género busca menoscabar los derechos políticos electorales, así como descalificar a la mujer en el ejercicio de algún cargo público.
Señaló que los casos registrados en los Ayuntamientos reflejan un problema grave, porque denota que en pleno siglo XXI las autoridades municipales no saben conducirse con respeto hacia las mujeres y pone de manifiesto su desconocimiento en temas de equidad de género y derechos humanos.
Consideró que es urgente que el Congreso del Estado realice las reformas necesarias para tipificar la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género en el Estado de Puebla, teniendo en cuenta los criterios ya establecidos en el orden federal.