NOPALUCAN, Pue.- Ninguna de las 82 empresas proveedoras de laplanta armadora de autos de lujo Audi, contempladas para ocupar elparque industrial FINSA II, se ha establecido a cinco meses de suinauguración, indicó el regidor de Hacienda del Ayuntamiento deNopalucan, Rubén Díaz Avelino.
El concejal explicó que en gran parte ello se debe a que losempresarios enfrentan obstáculos para establecerse en dichocomplejo, entre los que destacan –dijo-, la especulacióninmobiliaria y el alto costo de los terrenos, obligándolos a irseal vecino estado de Tlaxcala, que ya cuenta con 22 empresasproveedoras de Audi. “Mientras en Tlaxcala una hectárea de terreno cuesta entre700 y 800 mil pesos, en el parque Finsa II su costo alcanza hastalos 7 millones de pesos, hecho que ha provocado la fuga de empresasen la zona de Audi”, comentó. Asimismo,refirió que pese a que la planta de autos de origen alemán seestableció en San José Chiapa, los habitantes de la zona deinfluencia de Audi se ven en la necesidad de “mendingar”trabajo en Tlaxcala, ante la falta de empleo en su lugar deorigen.
“Es lamentable que gente de esta zona vaya a Tlaxcala a pedirtrabajo, cuando se supone que el beneficio sería aquí perodesgraciadamente no es así”, apuntó.
Al respecto, en días pasados, durante una entrevista en lacapital del estado, el secretario de Competitividad, Trabajo yDesarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín, reconoció que elParque Finsa II aún no cuenta con empresas proveedoras para Audi,debido a que aseguró, está en una etapa de promoción ycomercialización para ser ocupado.
“Es como un fraccionamiento: cuando tú haces unfraccionamiento, das el banderazo y lo presentas, no es que todoesté vendido, sino que está listo para empezar el proceso decomercialización y promoción del parque (…) es justo lo que nosha pasado con Finsa II”, declaró.
Descartó que exista una competencia con el estado de Tlaxcalaen la atracción de inversiones empresariales tras la llegada deAudi.
Cabe mencionar que en el Parque Finsa II, ubicado en territoriode Nopalucan, los gobiernos federal y estatal invirtieron 330millones de dólares cuya duración fue de más de dos años.