A casi cinco años de su llegada a Puebla, la Guardia Nacional no ha representado una reducción de la incidencia delictiva en 6 de los 8 municipios del interior del estado donde se asentaron las bases de esta nueva corporación. Un comparativo hecho en esas demarcaciones, del primer semestre de 2018 al mismo periodo de 2023, revela una tendencia alcista en la generalidad de los delitos.
De acuerdo con el análisis realizado por esta casa editorial, los principales delitos que se registran en los municipios sedes de las bases son: homicidios dolosos, lesiones dolosas, robo a casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte, delitos sexuales y narcomenudeo, así como violencia familiar.
Luego del despliegue de elementos militares en diciembre de 2018, a mediados del 2019 fue creada formalmente la Guardia Nacional, iniciando operaciones con más de 2 mil 300 elementos en los municipios poblanos considerados como focos rojos por la administración estatal, debido a la ola de violencia que se registraba por el robo de combustible, ejecuciones y asaltos al transporte de carga, entre otros delitos.
Las coordinaciones regionales fueron establecidas en las cabeceras municipales de Acatlán, Ajalpan, Tehuacán, Chalchicomula de Sesma, Atlixco, Tepeaca, Tecamachalco y Zacatlán, donde fueron nombrados a secretarios técnicos responsables de cada región. De éstas sólo Chalchicomula de Sesma y Tepeaca muestran una mejoría.
En Acatlán en el primer semestre de 2018 se contabilizaron en total 134 carpetas de investigación iniciadas en los delitos del fuero común, mientras que para el mismo periodo de 2023 suman 166; en Ajalpan eran 91 y subieron a 137, en Tehuacán en 2018 se contabilizaron mil 627 y para 2023 ya son mil 868.
En Atlixco, de 500 carpetas de investigación pasaron a mil 199, en Tecamachalco de 383 subieron a 464, en Atempan de 54 denuncias pasaron a 94 y en Zacatlán de 253 a 518 en este año.
En contraste, para Chalchicomula de Sesma en el primer semestre de 2018 se registraron 270 carpetas de investigación y para 2023 sumaron 250, mientras que en Tepeaca de 578 bajaron a 457 denuncias.
Las principales funciones que llevarían a cabo son: prevenir fenómenos delictivos, salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar la paz pública, el orden y construir un entorno de tranquilidad para la ciudadanía.
En contraste, entre los principales delitos a la baja se encuentran el robo de vehículos, el robo a transportistas y la extorsión.
Lo anterior se desprende del comparativo de enero a junio de 2018 con el mismo periodo de 2023, de acuerdo a los datos contenidos en la página electrónica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Cabe mencionar que, en mayo de este año, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, informó que a marzo de 2023 se observaba una reducción en los delitos de robo de vehículos, secuestro, homicidios dolosos y extorsión en Puebla, entidad que ocupaba en ese momento, el lugar 19 en delitos de impacto a nivel nacional, su fuente fue también el SESNSP.
Además, señaló que la federación y la autoridad estatal fortalecen las labores a fin de revertir el alza en los ilícitos de robo en transporte público, a casa habitación y trata de personas, particularmente en municipios como Tehuacán, San Martín Texmelucan y Tecamachalco.
Cabe mencionar que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Puebla han sido instaladas 12 de las 20 bases de la Guardia Nacional anunciadas en mayo pasado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esto se traduce en un retraso del 40 por ciento; mientras que los 8 restantes, deberán quedar concluidas al cierre del sexenio, en menos de 18 meses.
Lo anterior significa una reducción en la proyección del total de bases de la Guardia Nacional anunciados para Puebla, toda vez que en el año 2022 la Sedena había anunciado 27 cuarteles para el territorio poblano que deberían estar concluidas en 2023.
El papel de la Guardia Nacional en Puebla
El extinto gobernador Miguel Barbosa Barbosa Huerta recriminó la inacción de la Guardia Nacional y la Sedena para detener a delincuentes dedicados al huachicol, toda vez que acusó que el gobierno del estado era el que mantenía la estrategia para desarticular a bandas dedicadas al robo de combustibles y asegurar pipas de gas, mientras que los primeros solo acordonaban las zonas de los hechos con el apoyo de Pemex, pero sin la detención de los involucrados.
En ese sentido, expuso que a la Secretaría de Seguridad Pública estatal no le era permitida la vigilancia de los ductos de Pemex para fortalecer la estrategia de combate al huachicol.
Escándalos de los elementos
La participación de la Guardia Nacional en territorio poblano no ha sido únicamente para reforzar la seguridad pública bajo el control de la federación, también se han visto involucrados en hechos constitutivos de delitos.
Por ejemplo, en abril de 2020, a un año de haberse formado la Guardia Nacional, fueron divulgadas fotografías en las que se aprecia que patrullas de la Guardia Nacional se encontraban estacionadas fuera de un domicilio de personas presuntamente dedicadas al huachicol.
Las fotografías fueron publicadas por Jonathan Valencia, hijo de Vicente Valencia, uno de los tres hermanos Valencia, presuntamente vinculados a grupos delictivos. En las imágenes se evidenció la cercanía de los uniformados con la familia que gobernaba Venustiano Carranza, ubicado en la frontera con Veracruz.
A la par, en febrero de este año elementos de la Policía Estatal detuvieron a elementos de la Guardia Nacional que presuntamente alcoholizados realizaban disparos de armas de fuego a bordo de la unidad 19256, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, tan solo durante el primer semestre de 2022 se dio cuenta de cinco quejas contra elementos de la Guardia Nacional: dos estaban en proceso de conclusión por falta de interés del denunciante y otras tres se encontraban en trámite.
Los hechos que se denunciaron fueron: una acción que transgredió los derechos indígenas, una por emplear arbitrariamente la fuerza pública, una por tortura, una por retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia y en dos más no se acreditó el hecho violatorio.