Zacatlán, Pue. – El personal médico y algunos beneficiarios del programa "La Clínica Es Nuestra" de la región 11, con sede en este municipio, responsabilizaron a funcionarios de Bienestar por imponer un esquema para ejecutar los recursos de este programa federal en la Sierra Nororiental de Puebla.
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La queja no fue hecha por todo el personal médico, sino por algunos de los médicos que emprendieron acciones contra empresas ligadas familiarmente a la actual directora Virginia Carmona Guevara. La acusaron de retrasar las reglas de operación del programa para aprovechar el tiempo y, a espaldas de los servidores de la nación, realizar las convocatorias a los comités de las clínicas, permitiendo así hacer los ajustes necesarios en el proceso de la convocatoria o licitación.
Acusaron a la funcionaria de intervenir directamente, en conjunto con el actual coordinador regional del programa, Eduardo Torres, quien se aprovecha de tener los catálogos de productos que estas empresas pretenden vender o los servicios que ofrecen, como el mantenimiento de las clínicas de la región. Todo esto parece contar con la anuencia de la encargada estatal de Bienestar, Vida Inés Vargas Cuanalo.
“Nada más nos dan largas para resolver la aplicación de los recursos, bajo el argumento de que ni ellos mismos cuentan con la información suficiente, por ejemplo, las reglas de operación, para poder así desarrollar las actividades que corresponden. Estamos inmóviles porque no resuelven y eso nos obliga a esperar a que el superior envíe la información”, confió una de las fuentes consultadas al hablar de las dificultades que enfrentan los servidores de la nación en la Sierra Nororiental por esta situación.
Describieron que la directora general contactó a los comités, a su discreción, para reunirse en puntos establecidos por sus familiares, quienes ya llegan con los catálogos de servicios preparados. Incluso, las fuentes proporcionaron el número con el que se contacta la empresa, con terminación 5355, de la capital poblana. En la búsqueda en directorios y buscadores como Google, Yahoo y Bing, no aparece ninguna referencia con el nombre de la empresa ni como parte de algún proceso de licitación.
En otro de los casos, compartieron un contrato por casi 375 mil pesos a favor de la empresa Gubero S.A. de C.V., firmado con representantes del Comité de la clínica en San Baltazar Xochitlaxco, en el municipio de Tepetzintla, para la construcción de un día en ese lugar, en un lapso de 120 días.
La fuente señaló que Javier Meza trabajó en Chignahuapan para la dependencia y que es afín al grupo de Jorge Peláez, quien es apoyado por Yolanda León Quintero, Alfredo Amador y la delegada Virginia Guevara Carmona. Según diferentes fuentes, se crearon diversas empresas que están obligando a las clínicas y doctores a contratarlos.
Tuvimos que hacer pública la denuncia porque es una manera de detener la corrupción que está presente en el gobierno. No hay mejor manera que la denuncia pública, acusarlos ante cualquier instancia sería llevar el asunto con el jefe de la banda y sólo sería una pérdida de tiempo. Seguramente se llegará a algo, pero los hechos ahí están finalizaron los entrevistados.
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Por otra parte, este reportero buscó a varios servidores de la nación de la región, quienes no quisieron dar declaraciones en entrevista. Solo se limitaron a decir que la nota que, recientemente, esta casa editorial publicó no hace justicia, ya que culpan a los servidores de la nación de la región, aunque ellos no tienen injerencia en el proceso de entrega de recursos o de obras, sobre todo aquellas personas que están moviendo el tema desde la sede de la región o desde la capital poblana.
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