"No habrá corrida de toros" anunció la empresa Don Bull Productions, con respecto a la corrida que se había programado el próximo 1 de diciembre en la plaza de toros "El Pinal", en este municipio; sin embargo, su gerente el conocido matador Manolo Mejía adelantó que se encuentra trabajando para que próximamente las corridas de toros vuelven a realizarse en este importante coloso poblano.
Aunque en el muy breve comunicado no da detalles, el antecedente más directo ocurrió tras el anuncio de esta corrida, ocurrido el pasado 15 de noviembre; que generó diversas reacciones entre organizaciones sociales y activistas, entre ellas el Movimiento Animalista de Puebla, el Círculo de Amparo, el Movimiento México Sin Toreo y la International Anti Bull Fighting Summit, quienes emitieron un comunicado conjunto dirigido a la alcaldesa Carla Martínez Gallegos.
En el documento, las agrupaciones recordaron que existe una suspensión definitiva, derivada de los amparos 466/2023 y 432/2023, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo en Puebla, que prohíbe la realización de eventos taurinos en Teziutlán.
El comunicado cita textualmente la resolución judicial, que ordena: “la suspensión de cualquier evento taurino en la Plaza de Toros ‘El Pinal’ y en todo el municipio de Teziutlán, Puebla”. Además, menciona que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de Puebla ratificó esta medida en marzo de 2023.
Advertencias legales
Las asociaciones recordaron que, en mayo de 2024, un recurso legal presentado por abogados taurinos para reabrir la plaza fue declarado infundado por la autoridad federal, lo que llevó al entonces alcalde Carlos Peredo a evitar la realización de eventos taurinos durante su administración.
Bajo este contexto, hicieron un llamado a la actual presidenta municipal a no violar la suspensión definitiva, advirtiendo que hacerlo constituiría un delito federal, según el artículo 262, fracción tercera, de la Ley de Amparo. Las posibles sanciones incluyen penas de tres a nueve años de prisión, multas de 50 a 500 días de salario, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
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En el comunicado se enfatiza: “En caso de llevarse a cabo el evento taurino, procederemos penalmente contra la edil municipal, así como contra todas las autoridades implicadas, dando vista a la Fiscalía General de la República para que actúe en consecuencia”.