Huauchinango.- Comuneros de al menos cuatro Juntas Auxiliares de Huauchinango se quejaron de manera pública y difundieron fotografías sobre el flujo de camiones de volteo cargados de materiales pétreos, aparentemente salidos del banco de piedra del diputado federal Marco Antonio Natale Gutiérrez, la cual es una mina que está clausurada por las autoridades ambientales desde el 11 de enero de este año.
Habitantes de las comunidades, Xilocuautla, Xaltepec, Ahuacatlán y Cuacuila han dado testimonio en redes sociales, sobre la presunta violación de sellos oficiales colocados en la mina del diputado federal del Partido verde Ecologista de México, Marco Antonio Natale Gutiérrez, debido a que han visto circular los camiones “materialistas cargados con piedra, grava y arena”, y transitan por el único acceso que comunica a la mina del legislador ecologista.
Se trata de una mina de piedra que pertenece a la empresa “Marna” del legislador federal que llegó al cargo por la alianza de Morena con el Partido Verde, sin embargo, el pasado 11 de enero la Secretaría del Medioambiente del Gobierno del Estado clausuró la mina de material pétreo, por falta de permisos para su operación.
Dos días después de la clausura que realizó el gobierno del estado, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron la operación del mismo centro, por no contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y por no contar con permiso para el manejo de residuos peligrosos, mismos que se vertían al río Cuacuila.
La acusación de los lugareños es parecida a la que hicieron el pasado inicio de este año, debido a que, detectaron que por la explotación de la zona baja del cerro de Teopanzolco, se empezó a deslizar tierra de la loma, en donde se localiza un centro ceremonial en ruinas que data de unos “500 años de antigüedad, por lo menos”, aseguró en su momento el historiador Guillermo Garrido Cruz.
SIETE MESES DE CLAUSURA
En una versión escueta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que, en la actualidad, la clausura de la mina está en las mismas condiciones que el 13 de enero, cuando se colocaron los sellos oficiales en los que se advirtió de la inspiración en la que quedó la explotación del cerro.
En el mismo tema, se dejó ver que el propietario no ha dejado de proceder de menara legal para que se le permita reabrir “la pedrera”, como se le conoce en la región por los lugareños.
Por separado, la Secretaría del Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat) federal, dijo que, hasta el momento ellos no cuentan con información de cambios en la situación legal de la mina de piedra y aseguraron que estarían al pendiente del caso.
Los habitantes de las comunidades indígenas que realizaron la queja por la circulación de los vehículos con el producto que, aparentemente salió de la empresa del diputado federal, llamaron a las autoridades ambientales a realizar una inspección ocular en el terreno para verificar que no se hayan alterado las disposiciones legales.
Por otro lado, al entregar fotografías de los hechos, señalaron que no se atrevían a ingresar a un punto más cercano a la misma, debido a que, ya se han registrado hechos en los que se ha agredido físicamente, por parte del personal del diputado, a las personas que pretenden tener mayores evidencias de la operación de la mina.