Falta de atención, personal insuficiente, carencia de insumos y presuntos actos de corrupción han predominado durante sus más de seis años de funcionamiento en la Casa de Justicia de Tehuacán. La situación más evidente es la falta de médicos legistas para realizar las necropsias, enviando los cadáveres a Tecamachalco o la ciudad de Puebla, así como el abandono del inmueble durante las noches y fines de semana.

Actualmente esta ciudad solo cuenta con un médico legista, el cual una semana esta los miércoles, jueves y viernes, la siguiente solo jueves y viernes, quedando dos turnos que supuestamente deben ser cubiertos por otros dos médicos legistas, sin embargo, al no existir personal los cuerpos son enviados a otros anfiteatros.

En 2016, cuando fueron inauguradas las instalaciones que hoy se encuentra a un costado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, las autoridades estatales en ese entonces señalaron que la justicia no solo era para quien tuviera dinero, sino para todos los ciudadanos, justificando la inversión de más de 58 millones de pesos; se estrenaron nuevas instalaciones con los mismos problemas de siempre.

La falta de personal, salarios bajos, carencia de insumos y la ausencia de peritos o de médico legista, ha sido desde entonces una de las mayores quejas que la ciudadanía hace en contra de esta institución, donde incluso las víctimas de delitos a lo largo de estos años han señalado largas horas para denunciar, maltrato por parte del personal, así como favores o condicionantes para agilizar los trámites, tales como aportar paquetes de hojas, tintas, desayunos o dinero.

A finales del 2022, Armando Ramírez San Juan, regidor de Gobernación municipal, señaló que la falta de denuncias contra los delincuentes detenidos facilitaba las liberaciones, detectando que este fenómeno se debía a que agentes del ministerio público, desalentaban a las víctimas de algún delito, señalándoles que su denuncia tardaría porque tenía mucha carga de trabajo, por lo que el ayuntamiento dispuso de dos abogados para dar acompañamiento a las víctimas y se agilizaran las denuncias.

De igual forma, ante hechos delictivos ocurridos en la ciudad como en la región, las víctimas de algún delito han acusado constantemente liberaciones irregulares, tardanza de meses para la entrega de autos robados que fueron recuperados, así como la espera de más de cinco días para recibir los cuerpos de sus difuntos y la solicitud de “apoyos” para agilizar diversos trámites.

Por su parte, trabajadores de empresas funerarias, han reclamado la entrega tardía de cuerpos, haciéndolos permanecer durante días afuera del anfiteatro en Tecamachalco o haciendo hasta tres viajes en un día para agilizar los trámites.

Las familias, incluso, han acusado que los médicos legistas les llegan a solicitar de 5 a 10 mil pesos, para darle prioridad y hacer la necropsia lo más antes posibles para que les entreguen el cuerpo.

La semana pasada, el edil de Tepanco de López, Eusebio Martínez Benítez, pidió una investigación en contra del ministerio público, Ivonne Arguelles Vázquez, por presunta negligencia y actos de corrupción, señalándola de haber liberado a un ladrón de autos antes de que expirara el término constitucional. Explicó que, para evitar el linchamiento del sujeto tras ser detenido, convenció a los afectados a denunciar, pero cuando éstos llegaron el delincuente ya estaba libre.

De la misma manera, mencionó que, en el mes de noviembre, una de sus patrullas había sido asegurada tras un hecho vial, provocado por la detención de unos delincuentes, la unidad ya llevaba 77 días y fue hasta que se dio un “estímulo” económico, como pudo liberar su unidad, pues durante meses trataron de recuperarla, pero siempre había excusas, hasta que los obligaron a ser parte de la corrupción.

Las carencias quedaron nuevamente al descubierto el fin de semana, cuando un ciudadano difundió en redes sociales fotografías y video de las instalaciones de la Casa de Justicia, en las que no había personal de guardia para recibir alguna denuncia ni elementos de seguridad para resguardar el inmueble.

Anteriormente, otros usuarios de redes sociales han grabado videos en los que se observa como durante las noches ingresan a las instalaciones, recorren las oficinas y módulos sin que alguien se los impida, porque tampoco ha habido personal.

URGE MAYOR PRESUPUESTO

Para el abogado Tomás Calderón Alfaro, las irregularidades y denuncias en contra del sistema de justicia de esta ciudad se deben al abandono que se ha dado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), toda vez que no ha destinado una fuerte partida presupuestal para la procuración de justicia, aunque reconoce que este ha sido un problema en todos los distritos judiciales.

En entrevista para este medio, consideró que la Fiscalía necesita de una reestructuración muy de fondo, iniciando desde la preparación de los ministerios públicos, dando importancia a los exámenes de Control y Confianza, y una vez evaluados, en la marcha es como se van capacitando. “Necesitan una preparación similar a como se prepara un juez estatal y federal, así debe de ser”, señaló.

Esa falta de preparación, considero, es por la falta de recursos, siendo la misma situación por la que las oficinas no tienen Internet, no hay hojas, no hay tintas para impresoras, ni insumos necesarios, por lo que los mismos agentes se ven obligados a invertir de su salario para subsanar carencias, siendo este el motivo por el que solicitan “apoyos” a abogados o víctimas para seguir haciendo su trabajo.

En el caso de la ausencia de los médicos legistas, refirió que es imposible que a un médico le convenga estar ahí por 30 mil pesos mensuales, cuando por afuera, dando consultas en una farmacia sacan eso o más, sin tener la responsabilidad de estar en la fiscalía por 48 horas; el pago debe ser mayor para que les interese estar ahí, además de evitar con ello que pidan pagos por hacer o no su trabajo.

De la misma manera, señaló además que los salarios de los ministerios públicos y demás personal, deben ser generosos, ya que, al no haber personal, las cargas de trabajo son muy fuertes, la labor es estresante, cuando las prestaciones realmente son limitadas. “No tienen un buen salario, tienen exceso de trabajo y, además, no tienen lo necesario para trabajar”.

Calderón Alfaro, mencionó que, aunque para un gobierno es más efectivo construir una avenida o a alguna obra que invertir en la procuración de justicia, “estamos mal, pues, aunque no se vea, se nota cuando hay confianza del ciudadano en denunciar y agilidad en los procesos”.