/ martes 27 de diciembre de 2022

CDH ha abierto sólo 4 casos por violación a los derechos de menores embarazadas

La CDH consideró que la FGE omitió desahogar las diligencias correspondientes para la investigación de los delitos

Desde el año 2018 y hasta la fecha, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla sólo ha abierto cuatro expedientes por violación a los derechos de mujeres embarazadas, pero que eran menores de edad. En los casos argumentaron discriminación, violación sexual y dos fueron asesinatos cuando no tenían más de 5 meses.

De acuerdo con la solicitud de acceso a la información con folio 210448322000037 la Comisión explicó que hizo una búsqueda en el sistema de quejas para encontrar los casos en donde mujeres embarazadas y menores de 18 años hayan sido las víctimas y dentro de la narración de hechos sólo se encontraron cuatro expedientes.

El primero se suscitó en el 2019 y el número de expediente fue el 2431-2019. En este caso la CDH se dirigió a la Secretaría de Educación Pública, pues un padre aseguró que su hija estaba siendo discriminada en la institución. El hecho violatorio lo determinaron como “prestar indebidamente el servicio de educación” y el derecho que se violó fue el de la educación.

El segundo caso fue el expediente 851-2021 y la Comisión se dirigió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) debido a que en Jolalpan, le dispararon en la cabeza a una menor de edad embarazada, lo cual se determinó como una violación al derecho a la seguridad jurídica. Ella tenía 16 años y tres meses de embarazo.

Una menor de 16 años que tenía tres meses de embarazo, fue asesinada de un balazo en la cabeza en el interior de su domicilio, en el municipio de Jolalpan. Se trata de Laura, quien fue hallada por sus familiares y dieron aviso a las autoridades municipales para que se iniciarán las primeras investigaciones.

Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrieron los hechos, incluso en algún punto el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que fue un suicidio y no un feminicidio. En este punto, la CDH consideró que la FGE omitió desahogar las diligencias correspondientes para la investigación de los delitos.

“Se tiene como ruta de lo que ocurrió un suicidio con arma de fuego, estaba embarazada la niña, fue un suicidio y no un feminicidio, pero si las cosas evolucionan de diferente manera lo damos a conocer”, declaró en marzo del 2021 Barbosa Huerta.

El tercer caso fue el expediente 577-2021, en el cual la CDH nuevamente se dirigió a la Fiscalía, derivado de que una menor de 16 años embarazada fue baleada cuando se encontraba en el zócalo del municipio de Chietla atendiendo un puesto de fruta en la vía pública.

“La adolescente fue identificada como Rocío y se sabe que tenía cuatro meses de embarazo. Extraoficialmente se presume que fue solo un hombre quien la atacó y logró darse a la fuga. Rocío fue trasladada al Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de Izúcar de Matamoros, donde hasta el momento su estado de salud se reporta como grave”, se pudo leer.

De nueva cuenta el organismo determinó que la FGE omitió desahogar las diligencias correspondientes para la investigación de los delitos y que se violó el derecho a la seguridad jurídica de esta joven, pues presentó una herida en el hombro derecho, una más en el antebrazo y otras dos en las costillas.



El último caso fue el expediente 1962-2021, en donde un padre dio a conocer que tenía una hija con discapacidad auditiva y dificultad en el habla. La joven tenía 14 años e iba a pasar las tardes en casa de otra de sus hijas, sin embargo, ella vivía con su novio, quien abusó sexualmente de la menor de edad. En este hecho se violó el derecho a la seguridad jurídica.

“Me doy cuenta el 24 de abril ya que llevé a la clínica de Camotepec a mi hija que se sentía mal y vi que le estaba creciendo su pancita, y en ese momento me dijeron que estaba embarazada, por lo que me trasladé a Zacatlán para hacerle un ultrasonido y ahí me dijeron que ya tenía 24 semanas, ese mismo día saliendo del ultrasonido me dirigí a la unidad regional de Zacatlán, Puebla, para poner una denuncia, se apertura la carpeta de investigación 0034941/2021, por violación equiparada, sin embargo, la Ministerio Público de nombre Paloma me señaló que necesitaba tomar la declaración de mi hija, pero que necesitaban a un perito interprete”, fue parte del relato del padre.

Desde el año 2018 y hasta la fecha, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla sólo ha abierto cuatro expedientes por violación a los derechos de mujeres embarazadas, pero que eran menores de edad. En los casos argumentaron discriminación, violación sexual y dos fueron asesinatos cuando no tenían más de 5 meses.

De acuerdo con la solicitud de acceso a la información con folio 210448322000037 la Comisión explicó que hizo una búsqueda en el sistema de quejas para encontrar los casos en donde mujeres embarazadas y menores de 18 años hayan sido las víctimas y dentro de la narración de hechos sólo se encontraron cuatro expedientes.

El primero se suscitó en el 2019 y el número de expediente fue el 2431-2019. En este caso la CDH se dirigió a la Secretaría de Educación Pública, pues un padre aseguró que su hija estaba siendo discriminada en la institución. El hecho violatorio lo determinaron como “prestar indebidamente el servicio de educación” y el derecho que se violó fue el de la educación.

El segundo caso fue el expediente 851-2021 y la Comisión se dirigió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) debido a que en Jolalpan, le dispararon en la cabeza a una menor de edad embarazada, lo cual se determinó como una violación al derecho a la seguridad jurídica. Ella tenía 16 años y tres meses de embarazo.

Una menor de 16 años que tenía tres meses de embarazo, fue asesinada de un balazo en la cabeza en el interior de su domicilio, en el municipio de Jolalpan. Se trata de Laura, quien fue hallada por sus familiares y dieron aviso a las autoridades municipales para que se iniciarán las primeras investigaciones.

Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrieron los hechos, incluso en algún punto el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que fue un suicidio y no un feminicidio. En este punto, la CDH consideró que la FGE omitió desahogar las diligencias correspondientes para la investigación de los delitos.

“Se tiene como ruta de lo que ocurrió un suicidio con arma de fuego, estaba embarazada la niña, fue un suicidio y no un feminicidio, pero si las cosas evolucionan de diferente manera lo damos a conocer”, declaró en marzo del 2021 Barbosa Huerta.

El tercer caso fue el expediente 577-2021, en el cual la CDH nuevamente se dirigió a la Fiscalía, derivado de que una menor de 16 años embarazada fue baleada cuando se encontraba en el zócalo del municipio de Chietla atendiendo un puesto de fruta en la vía pública.

“La adolescente fue identificada como Rocío y se sabe que tenía cuatro meses de embarazo. Extraoficialmente se presume que fue solo un hombre quien la atacó y logró darse a la fuga. Rocío fue trasladada al Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de Izúcar de Matamoros, donde hasta el momento su estado de salud se reporta como grave”, se pudo leer.

De nueva cuenta el organismo determinó que la FGE omitió desahogar las diligencias correspondientes para la investigación de los delitos y que se violó el derecho a la seguridad jurídica de esta joven, pues presentó una herida en el hombro derecho, una más en el antebrazo y otras dos en las costillas.



El último caso fue el expediente 1962-2021, en donde un padre dio a conocer que tenía una hija con discapacidad auditiva y dificultad en el habla. La joven tenía 14 años e iba a pasar las tardes en casa de otra de sus hijas, sin embargo, ella vivía con su novio, quien abusó sexualmente de la menor de edad. En este hecho se violó el derecho a la seguridad jurídica.

“Me doy cuenta el 24 de abril ya que llevé a la clínica de Camotepec a mi hija que se sentía mal y vi que le estaba creciendo su pancita, y en ese momento me dijeron que estaba embarazada, por lo que me trasladé a Zacatlán para hacerle un ultrasonido y ahí me dijeron que ya tenía 24 semanas, ese mismo día saliendo del ultrasonido me dirigí a la unidad regional de Zacatlán, Puebla, para poner una denuncia, se apertura la carpeta de investigación 0034941/2021, por violación equiparada, sin embargo, la Ministerio Público de nombre Paloma me señaló que necesitaba tomar la declaración de mi hija, pero que necesitaban a un perito interprete”, fue parte del relato del padre.

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