Tras poco más de 120 años como centro penitenciario, el Centro de Reinserción Social de Zacatlán ha quedado inhabilitado y, desde hace unos días, ya no alberga a ninguna persona privada de su libertad (PPL). La misma situación ocurre en Chignahuapan, que, tras 60 años, también dejó de cumplir esa función. En ambos casos, al parecer, se trata de reajustes del gobierno estatal para garantizar los derechos humanos de los internos. Hasta donde se sabe, el cierre de las operaciones es permanente.
Desde hace unos días, en Chignahuapan se llevó a cabo un fuerte operativo en la calle que da acceso principal a este centro penitenciario. La policía estatal y la policía municipal cercaron la zona. Aunque esto generó expectativa entre la población, el hecho pasó desapercibido hasta este jueves, cuando oficialmente se anunció el traslado de los poco más de 50 internos. Según fuentes oficiales consultadas, fueron trasladados a Tepexi de Rodríguez, Huauchinango, y, en el caso de los adultos mayores, a la capital poblana.
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Esta situación también se presentó en Zacatlán, cuyo antecedente se remonta a julio pasado, cuando en una entrevista el alcalde zacateco, José Luis Márquez Martínez, declaró que, con la finalidad de seguir recuperando el palacio municipal y dar un trato digno a los poco más de 100 PPL’s, se había logrado la reubicación de ese espacio, con el apoyo del actual gobernador del estado.
El cierre también obedece a la necesidad de rehabilitar esa parte del inmueble del palacio municipal, ya que, desde administraciones anteriores, no había recibido ningún tipo de mantenimiento y ya se considera zona de riesgo, sobre todo por las maderas, que, con las lluvias, están en condiciones de verdadero peligro, según declaró el munícipe.
De acuerdo con registros históricos del lugar, consultados en algunos archivos, desde 1898 funcionó como centro penitenciario. Durante su historia, sufrió un incendio provocado por habitantes de Chignahuapan que, en su rol de liberales, buscaban afectar a los conservadores en Zacatlán. También se registraron fugas de internos, suicidios, homicidios, y más recientemente estuvo en la mira tras la detención del alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vásquez Bonilla.
Es necesario recordar que, en los últimos años, tanto el de Zacatlán como el de Chignahuapan habían recibido muy bajas calificaciones en los diagnósticos estatales de supervisión penitenciaria realizados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Tan solo en el reporte de 2022, el de Chignahuapan ocupó el segundo peor lugar de los 20 evaluados en el estado, con una calificación de 4.3; el de Zacatlán obtuvo 4.0.
Un año después, aunque las calificaciones fueron mejores, seguían siendo bajas: el de Chignahuapan alcanzó el 6.2, estando en color amarillo, lo que significa una calificación aprobatoria con áreas de oportunidad. El de Zacatlán alcanzó el 7.5, también en la escala de evaluación amarilla, que comprende calificaciones de seis a 7.9.
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