La Fiscalía General del Estado confirmó la detención del comandante de la Policía Municipal de Acatzingo, así como de cuatro sujetos más, entre ellos una exelemento de la corporación que en agosto pasado renunció a sus funciones. Tanto al servidor público como el resto de los imputados integraban una banda no solo dedicada al secuestro, sino también al robo de camiones de carga e hidrocarburo en el llamado Triángulo Rojo.
Los detenidos son Vicente N., de 38 años de edad, excomandante de la Policía Municipal; Lucero N., de 28 años, exelemento policíaco; Eduardo N., alias “El Parra”, de 24 años de edad; Leonardo N., alias “El Leo”, de 18; y Alejandro N., alias “El Bambino”, de 25 años de edad. Todos originarios de Acatzingo, según lo dado a conocer en rueda de prensa por Fernando Rosales Solís, titular de la Fiscalía Investigadora de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI).
De igual modo, se reveló que el servidor público, además de brindar protección a la banda de secuestradores, también participaba de forma activa.
Aunque las autoridades ya investigan si hay más secuestros relacionados con esta célula delictiva, al momento han logrado identificar la participación de la misma en cuatro hechos delincuenciales.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FISDAI, el 3 de julio de los corrientes tres personas circulaban en los alrededores de Santa María Actipan de Morelos, en Acatzingo, sin embargo, fueron interceptadas por sujetos con armas largas. Aunque fueron sometidas una de las víctimas logró huir de los plagiarios.
Instantes después familiares de los dos secuestrados recibieron una llamada de exigencia económica, en la que los bandidos pedían diez millones de pesos a cambio de liberar con vida a las dos víctimas.
Apenas doce días después, es decir, el 15 del citado mes, sujetos con el rostro cubierto y pistola en mano irrumpieron en una fiesta en la que se encontraba un ganadero, de tal forma que amagaron a los asistentes para después llevarse a su objetivo y así exigir un rescate por diez millones de pesos.
Para el 29 de julio un empresario de Acatzingo fue interceptado por varios hombres armados, quienes lo privaron de la libertad y luego exigieron a la familia ocho millones de pesos así como diversos vehículos como pago por la libertad del varón.
Finalmente, el 22 de agosto un estudiante menor de edad fue secuestrado camino a un campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en la región de Acatzingo. Por él solicitaron cinco millones de pesos a cambio de que no le hicieran daño y de que lo liberaran con vida.
En todos los casos tras el pago, que no excedió el diez por ciento de la cantidad exigida, se logró la liberación de las víctimas, quienes estuvieron en cautiverio de cinco a diez días en promedio.
Tras las investigaciones realizadas se logró ubicar a dos sujetos en un bar de la colonia El Conde en la capital poblana, dos más fueron localizados y aprehendidos en un hotel de la misma zona, mientras que el comandante de la Policía Municipal fue arrestado en Acatzingo luego de que las autoridades correspondientes liberaran órdenes de aprehensión por este caso.
LO DECOMISADO
Entre lo asegurado por la FISDAI se encuentra un arma larga HK con mirada telescópica con dos cargadores y 47 cartuchos calibre 5.46, un arma larga AR-15 Colt con un cargador y 36 cartuchos útiles, una pistola calibre 5.7 con 14 cartuchos útiles, a la que comúnmente se conoce como “matapolicías” por atravesar los chalecos balísticos, así como un Jetta negro con placas de Puebla.
ANTECEDENTES
A decir de las autoridades desde 2004 el comandante perteneció a corporaciones municipales de Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Palmar de Bravo, en tanto que la mujer policía, también desde el mismo año, estuvo en Acatzingo, Tepeaca, Cuapiaxtla, Acajete y Tecamachalco; sin embargo, ella renunció en agosto a sus funciones.
Por último, la Fiscalía de Puebla indicó que a excepción del caso del estudiante menor de edad secuestrado camino a su escuela, al momento no se tiene conocimiento de otro caso similar. Asimismo, subrayó que en algunos casos las sentencias son de hasta de 130 años de prisión.
El titular de la FISDAI exhortó a la gente a que en caso de reconocer a los hoy detenidos como responsables de cometer otros delitos los denuncien y no tengan temor a represalia
