Serio pero tenso, el edil se presentó junto con su tesorero,Silas Peralta Morales, y el síndico municipal, Héctor MartínGaleana Fuentes, quienes también fueron imputados, en lacomparecencia inicial de la causa 508/2017, en la que se esperabaque fueran señalados de un presunto caso de violencia política degénero, un delito recientemente tipificado en la legislaciónmexicana.
Sin embargo, la agente del Ministerio Público de la FiscalíaEspecializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) querepresentó a la regidora no logró sustentar la presunta comisiónde tal ilícito.
En la audiencia, tanto la funcionaria como la representante dela FEPADE acusaron intimidaciones y agresiones contra ZárateDomínguez, las cuales fueron escuchadas atentamente por LópezPonce, Peralta Morales y Galeana Fuentes y negadas luego por suabogado defensor.
El juez de control Luis Eduardo Jiménez Martínez, quien llevóla audiencia, consideró después que no había causa parafundamentar la violencia política de género y la agente delMinisterio Público especializado motivó la denuncia refiriéndoseúnicamente a la presunta violación del derecho de votar y servotado en perjuicio de la regidora.
Incluso, se refirió a Zárate Domínguez como una ciudadanarepresentativa del electorado, sin mencionar en momento alguno sucondición de mujer ni la relación de superioridad jerárquica delalcalde.
En su oportunidad, la regidora denunció las irregularidades yagresiones que ha sufrido por parte del munícipe, las cualescomenzaron en febrero de 2014, cuando le retuvo injustificadamentesu salario como servidora pública. Agregó que, a partir deseptiembre de 2015, en una sesión de Cabildo, le fueronliteralmente aventadas sus percepciones y aguinaldo en una bolsa debasura, a lo que siguieron humillaciones, intimidaciones yamenazas.
Nerviosa, la regidora acusó además que algunas de las mujeresque presenciaban la audiencia y estaban detrás de ella laamenazaron en el pasado, por lo que la tercia de servidorespúblicos se manifestó a favor de restringir el acceso a losasistentes, aunque no se concretó, toda vez que el juezprivilegió el principio de máxima publicidad.
Durante la audiencia, el alcalde estuvo a la expectativa,consultando frecuentemente a su abogado defensor y respondiendocorta y directamente lo indispensable.
El juez advirtió que el delito que podría imputar de acuerdocon esta primera audiencia es uno con una penalidad muy baja, porlo que solicitó a la parte promovente a presentar las pruebas quesustenten su recurso en la siguiente reunión.
Para tal efecto, confirmó la petición del plazo para lacelebración de la audiencia de vinculación a proceso, propuesto a144 horas por López Ponce, Peralta Morales y Galeana Fuentes, demodo que el próximo encuentro tendrá lugar el martes 25 de julioa las 11:00 horas.
Llamó la atención el cambio de último momento de la juezaJoanna Karina Perea Cano, prevista para llevar la audiencia, porJiménez Martínez.
REGIDORA NO DESCARTA DENUNCIASPENALES
Al término de la audiencia, el presidente municipal deTecamachalco sostuvo que no ha agredido a la regidora y reviró alseñalar que Ruth Zárate hizo evidente sus intereses políticos yelectorales.
“Ya se vio que son fines personales (…) Ella es regidora demi Cabildo; se le reiteran nuestros respetos (…) (pero) lasacusaciones que hace son totalmente infundadas”, acusó.
Incluso confió en que Zárate Domínguez no logrará presentarprueba alguna de sus señalamientos, de manera que no serávinculado a proceso en la siguiente audiencia.
Sin embargo, la regidora consideró que el Ministerio Públicode la FEPADE sí sustentó la denuncia y que en el próximoencuentro se exhibirán todas las pruebas de los actos queseñaló.
No obstante, Zárate Domínguez dijo que, en caso de que el juezno encuentre elementos para vincular a proceso al alcalde, podríapromover denuncias penales por los delitos de los que fue víctima,como hostigamiento, discriminación y acoso: “Si en su momento noes delito electoral, hay otros delitos y otras instancias pordiscriminación”, expresó.
Finalmente, subrayó la trascendencia de que por primera vez unpresidente municipal y otros servidores públicos comparecieronante la justicia federal por la comisión de un delito electoral enperjuicio de una mujer, y añadió que es un precedente para losotros 51 casos similares que existen en el país a fin decombatir la violencia de género en el sector.
