A 13 años del inicio de la lucha social y 7 de la lucha judicial contra la Ley Minera en México, el fallo que emitirá este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo interpuesto por la comunidad indígena de Tecoltemi en Ixtcamaxtitlán, centrará un precedente para el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación, el derecho de los seres humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, coincidieron activistas e indígenas consultados.
Para Alejandro Marreros Lobato, uno de los opositores al proyecto minero en la Sierra Norte de Puebla, la trascendencia del fallo de la SCJN es que resolvería la lucha pacífica que han emprendido en defensa del territorio en la comunidad de Tecoltemi, y que representa a todo este municipio, uno de los siete más grandes del estado. "Lo que estamos esperando es que la SCJN declare ilegales las concesiones mineras y las cancele definitivamente, porque han violentado el derecho del uso preferente del territorio, el derecho a la consulta y al libre consentimiento o determinación", dijo en entrevista para El Sol de Puebla.
Si la SCJN va más a fondo, considera, declararía la inconstitucionalidad de la Ley Minera, sobre todo en esos apartados que violentan los derechos indígenas, así como varios convenios y tratados internacionales firmados por México, según explicó.
"La Ley Minera es la base del despojo de los territorios en donde habitamos los pueblos indígenas; es la que permite la legalización de la violencia… tenemos gran expectativa y esperanza de que la SCJN nos haga justicia, sobre todo por lo que se ha hablado de la gran deuda que tiene el Estado Mexicano con los pueblos indígenas", resumió.
Llegar a este punto ha representado casi siete años de una lucha jurídica que empezó en abril de 2015, así como los diferentes momentos por los que ha atravesado y evolucionado, misma que por estos antecedentes se muestran optimistas del fallo que den los magistrados en el sentido de que "se haga justicia no sólo para Tecoltemi, sino para los pueblos indígenas de nuestro país", narró al tiempo en que describía diferentes estrategias legales y argucias para hacer frente a este proceso jurídico, incluyendo el desistimiento del amparo, la argumentación de que el ejido está muy lejos del proyecto, de que no son pueblo indígena, entre otras maniobras, incluyendo presuntos intentos de soborno.
UN LARGO CAMINO
Para contextuar, es necesario señalar que el mapa de conflictos mineros ubica que el daño en la zona de Ixtacamaxtitlán inició en 2002, aunque el conflicto fue hasta 2009, teniendo su formalidad hasta 2010 cuando la empresa minera concretó los trabajos de exploración.
Desde entonces ha habido foros informativos, marchas, manifestaciones públicas en diferentes eventos que alcanzan al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la realización de un estudio sobre la evaluación de impacto en derechos humanos (una investigación científica-técnica sin precedentes en nuestro país) que representa el proyecto minero en esta zona.
Evaluación que ha sido expuesta en Canadá, Reino Unido y España, así como diferentes autoridades ambientales, quienes le dieron a conocer también la evaluación técnica de violación a derechos humanos, incluyendo al excomisionado del diálogo con los pueblos indígenas.
Lo que suma la exposición de la temática ante tres diferentes relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reuniones con autoridades ambientales en las que incluso ha participado personal de la minera.
UN ESTADO ESQUIVO
Bajo este contexto, se preguntó el entrevistado sobre las dos opciones que tienen ante la resolución de la SCJN: a favor o en contra de esta defensa del pueblo. El entrevistado respondió que la sentencia de la primera sala de justicia de la nación será favorable para ellos, considerando los argumentos justificados:
“No es el Estado sólo quien ha hecho esta resolución, es resultado de la lucha y la persistencia, la inversión que ha hecho los pueblos indígenas para poder llegar a este punto”, explicó, además de defender que no creen que el fallo sea desfavorable para esta causa, aunque anticipó que si no lo es pues ya están analizando los escenarios pacíficos e institucionales viables.
Reiteró que no están buscando enfrentamientos con la empresa minera, partiendo del hecho que muchos de ellos son familiares o conocidos: “en realidad es contra el Estado mexicano que ha violado los derechos, concesionando los territorios sin tener el consentimiento de los pueblos indígenas”.
Lamentó que en el gobierno mexicano encontraron un abandono, dado que ninguna instancia garantizados sus derechos. "Y no permitiremos que se nos sigan violentando nuestros derechos y que pongan en riesgo nuestra vida y bienestar… en el gobierno mexicano encontramos un estado esquivo".
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