El Ayuntamiento de Acajete, encabezado por el edil morenista David Meléndez López, clasificó los detalles sobre su incidencia delictiva como información reservada. Para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (Itaipue), este acto no pasó desapercibido, pues le ordenó a la comuna informar puntualmente sobre todos los delitos ocurridos en el territorio durante el presente año.
Mediante una petición de información, el gobierno municipal de Acajete fue requerido de informar y detallar cuántos y cuáles fueron los reportes atendidos por sus fuerzas del orden local, sin embargo, al momento de responder, la autoridad señaló que la información estaba reservada, por lo cual el solicitante interpuso un recurso de revisión.
Ante los ojos del Pleno del órgano garante, que está integrado por Francisco Javier García Blanco, presidente; y las comisionadas Haruhi Fernanda Carranza Magallanes y Rita Elena Balderas Huesca, la reacción del ayuntamiento fue constitutiva de opacidad.
Por ello, ordenó, en su última sesión ordinaria, el pasado 19 de octubre, a la autoridad municipal resarcir su contestación y, sólo en caso de justificarse que los datos deban ser legalmente resguardados, deberá informar a la o el ciudadano que interpuso el recurso. En caso de no ser así, la información deberá ser entregada en una base de datos digital.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a septiembre de 2022, en Acajete se abrieron 342 carpetas de investigación, principalmente por los delitos de robo, lesiones dolosas, violencia familiar, daño a la propiedad, amenazas y homicidios. Esta cifra representó un incremento del 3 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, evidenciando así una actividad ilícita estable, pero con tendencia al alza.
El Itaipue detectó que tampoco los Ayuntamientos de Atlixco y Tehuacán informaron sobre su incidencia delictiva. Pese a que ambos gobiernos emitieron respuestas a las solicitudes que recibieron, el órgano garante las consideró insatisfactorias. Igualmente, en caso de que los datos solicitados sean considerados confidenciales, según los estatutos vigentes, deberá darse a conocer en un informe justificado, pues de lo contrario representará un acto de omisión.
OPACIDAD EN MUNICIPIOS
En esa misma sesión de trabajo el Pleno descubrió que, de nueva cuenta Huaquechula figuró entre las comunas opacas. En esta ocasión, la comuna se reservó informar sobre el personal que integra su unidad de Transparencia, además del progreso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas con la junta auxiliar de Soledad Morelos.
Una situación similar fue en la que se encontró el municipio de Zapotitlán de Méndez, pues también omitió brindar detalles sobre el personal responsable de garantizar la transparencia gubernamental.
Por su parte, al Ayuntamiento de San Pedro Cholula le solicitaron informar sobre el número de elementos que conforman su policía municipal, así como aclaraciones sobre el reglamento de vialidad, sin embargo, su respuesta no cumplió con los requerimientos de ley. En ese sentido, el órgano garante le instruyó dar a conocer esos datos, toda vez que forman parte de las responsabilidades administrativas del gobierno municipal.
Por último, el Itaipue no dejó fuera al gobierno de Teziutlán, pues, pese a que la administración actual fue reelecta en 2021, algunos de sus funcionarios no cumplieron con rendir su declaración patrimonial durante el último trimestre de ese año.
Esta obligación está enmarcada en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí se establece que el personal que ingresa al servicio público por primera vez, debe dar a conocer su información patrimonial dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión.