Después de los hechos ocurridos la tarde del miércoles en el lote de autos "Panamericana", ubicado en la “Y” de Peñafiel, el director de Seguridad Pública de Tehuacán, Marco Antonio Toral Rodríguez, informó que hasta el momento no se han realizado detenciones, y la situación, que se salió de control, quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual será la encargada de continuar con el proceso jurídico.
De manera extraoficial, se estima que el monto de los daños podría ascender a casi 5 millones de pesos, aunque esto será cuantificado por los peritos correspondientes.
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El servidor público manifestó que la magnitud de los disturbios superó la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, lo que dificultó una intervención inmediata. A pesar de la complejidad de la situación, se logró rescatar a dos trabajadores del establecimiento que habían sido retenidos por un grupo de usuarios enfurecidos; sin embargo, al no encontrarse indicios de delito en su contra, no fueron detenidos.
Cabe mencionar que, hasta el momento, las personas responsables de los actos vandálicos no han sido localizadas ni arrestadas, pero se espera que en los próximos días el propietario del lote de autos se acerque a la FGE para entablar un diálogo con los inconformes y buscar una solución al conflicto.
Asimismo, se ha informado que el dueño del establecimiento afectado tiene la posibilidad de interponer una denuncia por los daños sufridos tanto en las unidades en exhibición como en las instalaciones del negocio. La situación continúa bajo investigación, y las autoridades hacen un llamado a la calma y al diálogo para evitar que se repitan actos de esta naturaleza en la comunidad.
Como se recordará, la creciente desesperación de 50 afectados generó que se congregaran a las afueras de un local de venta de autos seminuevos, "Autofinanciamiento Panamericana", ubicado en Tehuacán. Los manifestantes, provenientes de municipios como Nicolás Bravo y Esperanza, denunciaron que han sido víctimas de un elaborado fraude que involucra millones de pesos.
En su momento, los afectados narraron que el fraude comenzó con promesas atractivas, tales como la posibilidad de adquirir un automóvil con un enganche del 20 % del valor total de la unidad, sumas que variaban entre 45 mil y 190 mil pesos. Se les aseguraba que sus vehículos les serían entregados en un plazo máximo de tres días, tras una revisión de su historial crediticio. Sin embargo, la entrega nunca se concretó.
Conforme pasaban los días, las excusas se acumulaban, y los compradores eran presionados a firmar contratos que se renovaban constantemente, siempre en beneficio del establecimiento. Los afectados comenzaron a notar irregularidades preocupantes: la misma unidad era vendida a más de una persona y, en algunos casos, los autos usados entregados a cuenta de uno nuevo desaparecían misteriosamente, por lo que, cansados de la situación, decidieron generar disturbios como acto de protesta.
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La situación se agravó cuando los estafados intentaron tomar acciones legales y descubrieron que los contratos estaban amañados, y que los nombres proporcionados por los vendedores y propietarios eran falsos.