A menos de un mes de que concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado sin cumplir el compromiso número 75 que hizo cuando era candidato a la Presidencia de la República: se trata de la iniciativa constitucional que prohibiría la fractura hidráulica en México o también conocida como Fracking.
Tan solo en la Sierra Norte de Puebla esta práctica extractiva afecta a 13 municipios e impactaría en cerca del 13% del territorio poblano, según cifras de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF).
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Las más de 40 organizaciones y pueblos que integran esta alianza recordaron que, el pasado 14 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general, el proyecto de reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como Reforma Constitucional de Medio Ambiente, que establece entre otros temas que: "No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico", sin embargo, concluyó la legislatura y no fue llevada al pleno.
La aprobación de este proyecto en ambas cámaras es un paso importante para la protección del medio ambiente, las personas y el clima, según la AMCF, que señala que esta técnica es sumamente riesgosa y contaminante para el suelo, las fuentes de agua y el aire. Además, induce actividad sísmica y genera daños en la salud de las personas, especialmente en mujeres, infancias y personas adultas mayores. También contribuye de manera considerable al incremento de la temperatura y la crisis climática.
De acuerdo con la AMCF, además de todos los daños que provoca esta técnica, está demostrado su bajo rendimiento, con un período de vida que va de dos a cuatro años y un alto costo, al que se suma la destrucción masiva de territorios que se convierten en "zonas de sacrificio".
Según la alianza, en México esta técnica comenzó a utilizarse al menos desde 1996 en pozos convencionales, fracturando desde entonces 7 mil 879 pozos, en un esquema de total ilegalidad y opacidad, sin informar ni consultar a las comunidades afectadas. Asimismo, ha generado daños en los territorios y las fuentes de agua, con impactos en la salud y pasivos de los que, hasta ahora, las autoridades correspondientes no se han hecho responsables.
"A pesar de la falta de regulación, sin información pública y sin consultar a las comunidades, Pemex inició la exploración de pozos no convencionales de lutitas en 2016, fracturando hasta ahora 34 pozos exploratorios en preparación para realizar una extracción a gran escala de este tipo de yacimientos. Hasta la fecha, se han destinado recursos públicos para su desarrollo, los cuales ascendieron a 4 mil 063 millones de pesos en 2024", señaló la AMCF.
Desde 2013, cuando se conformó la alianza, comunidades y organizaciones han documentado los riesgos e impactos de esta técnica y han exigido su prohibición. Consideran un logro que, tras 11 años de lucha, esta demanda finalmente haya llegado hasta el Congreso y tenga posibilidades reales de convertirse en ley.
"Legisladores y legisladoras, prohibir el fracking es esencial tanto para proteger el clima como para garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras, además de asegurar el derecho humano al agua en el contexto actual, en el que la crisis hídrica se está agravando", difundió la alianza.
Para la AMCF, la fractura hidráulica también emite gases de efecto invernadero, como el metano, que contribuye al calentamiento global hasta 86 veces más que el dióxido de carbono. La prohibición del fracking será un avance histórico que colocará a México como un referente global en las acciones por el clima, destacó la AMCF.
La alianza subrayó que este importante avance no puede ser dejado en el tintero; debe llegar hasta sus últimas consecuencias, concretando finalmente el compromiso 75 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual aún está pendiente a pocos días de la conclusión de su mandato.
Hizo un llamado a las diferentes bancadas para que, en las discusiones que faltan por aprobar esta iniciativa de reforma, prevalezca el interés de garantizar la vida, la protección del agua y el medio ambiente, así como el bienestar de las personas y las generaciones futuras sobre los intereses económicos.
Fracking en Puebla
Cabe recordar que la AMCF, junto con la organización Earthworks, entre el 10 y el 14 de octubre de 2023, recorrieron la Sierra Norte poblana y comentaron que siguen abiertos 233 pozos que utilizan la fractura hidráulica, algunos de ellos abandonados y otros no sellados, de los mil 337 que se exploraron hace más de 10 años y que entre 2008 y 2014 se terminaron de construir para la producción de gas, petróleo y condensados en la entidad poblana, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Estos pozos forman parte del proyecto "Aceite Terciario del Golfo" y, actualmente, junto con las plataformas, siguen generando daños ambientales. Según informaron ambos organismos, durante su vida útil, estas infraestructuras no solo han causado contaminación, sino que continúan emitiendo gases contaminantes a la atmósfera, perjudicando la salud de las personas que habitan en las inmediaciones.
Actualmente, esta infraestructura se encuentra en municipios veracruzanos y colindantes con territorio poblano, como Venustiano Carranza (con 707 pozos que entre 2008 y 2014 estaban en desarrollo), Francisco Z. Mena (394), Pantepec (32) y Jalpan (4).
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El recorrido realizado el año pasado incluyó dos municipios: Pantepec, donde se inspeccionó el pozo Pankiwi (en el Ejido El Tablón), así como las plataformas de perforación número 24 en el campo Coapechaca y Campo Agua Fría 3, en Venustiano Carranza.
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