Tras ser hallados inocentes, la madrugada del viernes fueron puestas en libertad las tres personas que se encontraban detenidas en Tehuacán por la desaparición del activista Sergio Rivera, sin embargo, las organizaciones Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social anunciaron que apelarán la liberación, la considerar que el juez habría violado los derechos humanos y manipulado la ley, además señalaron que en su actuar se revela ignorancia y posibles actos de corrupción.
A tratarse del primer juicio en México por la desaparición de un defensor de los Derechos Humanos cometida por particulares, esto llevó a que las organizaciones estuvieran al pendiente de que en la última audiencia fueran vinculados a proceso las tres personas detenidas, pero estas lograron su libertad.
Los representantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michelle Salas y David Peña, manifestaron que hubo diversas irregularidades en el proceso, así como violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades.
Ambos señalaron directamente al juez, al considerar que se presentaron las pruebas suficientes de que los tres estaban relacionados a la desaparición del activista, quien no ha sido encontrado desde hace dos años.
Ante esta situación, señalaron que acudirán a instancia federales para interponer un amparo para que les dé la razón y se condene a los que señalan como responsables, ya que para ellos el juez no comprendido la problemática que existe en la Sierra Negra a raíz de la llegada de empresas que pretenden llevar a cabo proyectos en esta parte del estado y que ha causado conflictos entre los pueblos por los intereses que existen.
Mencionaron que en la audiencia estuvo presente el director del Mecanismo de Defensa de Personas y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, quien se sumó a explicar la situación, pero su participación tampoco fue válida para el juez.
Los activistas temen que con la liberación de los detenidos ahora la familia de Sergio Rivera Martínez pueda ser objeto de agresiones.
Aunque se esperaba que durante ayer se emitiera una reacción por parte del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) ante esta liberación, no convocaron a medios de comunicación y solo dejaron que estos representantes sociales expresaran su inconformidad sobre la decisión de las autoridades.
LA DESAPARICION DE SERGIO RIVERA
El pasado 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera salió de su domicilio ubicado en Coyolapa, con la intención de sacar unas copias fotostáticas en la población de Tepexilotla, horas más tarde su familia fue avisada que hombres a bordo de una camioneta blanca, habían arrollado al joven cuando viajaba en su motocicleta, señalando que en lugar de auxiliarlo lo levantaron y se lo llevaron.
A raíz de esta situación, compañeros del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), comenzaron a realzar su búsqueda en los pueblos, pidiendo así la intervención de las autoridades del estado, puesto que señalaron inmediatamente como responsables a un grupo de habitantes de esta zona que, por intereses personales, apoyan la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Zoquitlán.
Se informó que el activista en varias ocasiones había enfrentado públicamente a los representantes de esta empresa, así como de quienes los apoyaban, ya que indicaba que este proyecto tendría un impacto ambiental en esta zona y generaría el desplazamiento de pueblos, por lo que esto lo llevó a que denunciara amenazas de muerte que le hicieron por mensajes y llamadas. A dos años de su desaparición familiares piden que sea regresado con vida.
