Un juez determinó que Antonio N., dueño de una carnicería en la localidad de San Agustín Tlaxco del municipio de Acajete, tenía que darles pensión alimenticia a sus dos hijos, pero se negó y ofreció contribuir con alimentos en especie. La única vez que lo hizo, les dio a sus hijos comida echada a perder y por exhibir lo sucedido, lleva dos años sin cumplir con sus obligaciones de asistencia familiar.
Su ex pareja, Elizabeth, quiso hacer público este caso, debido a que las autoridades son omisas y permisivas pese a que este hombre no cumple con lo dictado por el juez. En suma, quiere justicia para sus hijos, pues la pensión alimenticia es un derecho que tienen todos los niños y adolescentes por parte de sus padres o tutores; y ellos deben de cubrir todas las necesidades básicas de los menores de edad.
“Me llamo Elizabeth, mis hijos llevan más de 10 años viviendo violencia económica, psicológica y emocional por parte del deudor Antonio N., quien actualmente tiene un negocio de carnicería en San Agustín Tlaxco. Ante el juez, declaró que no le alcanzaba el dinero que genera en su negocio, ya que tiene una nueva familia que mantener, como si sus hijos no existieran. Ofreció dar en especie, pero los alimentos que solo una vez aportó, estaban echados a perder, motivo que le generó enojo y en venganza, se negó a ofrecer un monto económico”, compartió la mujer a El Sol de Puebla.
De acuerdo con Elizabeth, este hombre es apoyado por su familia, pues ellos fueron quienes le dieron casa, le dan dinero, incluso financiaron su negocio, pero ni uno de sus allegados lo han ayudado a salir de su problema de alcohol. Este alcoholismo hace que se vuelva violento y Elizabeth y sus hijos fueron víctimas de violencia familiar.
“Antonio ha ejercido violencia física y psicológica con mis menores hijos de quienes nunca se ha hecho responsable y cuando mis hijos intentaron contactarlo para pedirle apoyo económico, él los bloqueó, argumentando que si necesitan de él, ellos lo busquen hasta donde vive”, explicó.
Hasta el momento, el proceso legal lleva 2 años y Elizabeth no ha podido contratar mejores abogados, ya que está limitada económicamente. Además de hacerse cargo de absolutamente todos los ingresos de sus hijos de 15 y 10 años, los traslados para acudir a los juzgados también son gastos que no tiene contemplados.
“A veces pierdo toda esperanza de que mis hijos obtengan justicia económica, pues por lo que he visto, la ley no contempla obligar al padre a cumplir con su obligación. Se le impuso una pensión provisional que no cumplió, se le citó más de tres veces en el juzgado condicionándolo con embargarle y no fue, no pasa nada”, lamentó.
Elizabeth no se siente acompañada ni protegida por las autoridades y también criticó que las personas que han llevado su caso no conozcan de perspectiva de género. “Actualmente yo sola enfrento todos los gastos para el desarrollo de mis hijos, educación, recreación, alimento, vestimenta, casa, médicos. Mis hijos tienen necesidades como todos los niños de su edad sumando que uno de ellos se le tiene que comprar lentes cada año y uno de mis menores tiene que ser atendido por alergólogo”, agregó.
Antes de esta publicación, ella no había hecho público en medios de comunicación esta situación, pero si decidió alzar la voz fue por sus hijos. Hace responsable a Antonio de las repercusiones que se generen. “Hago un llamado a todas las madres que tienen una situación como la mía a que levanten la voz porque estamos invisibilizadas y hagan sus denuncias para que las autoridades despierten ante la realidad que vivimos y sean más sensibles ante estos hechos”, concluyó.
