Tal como fue la recomendación del gobernador del estado, el expresidente municipal de Teziutlán, Antonio N, la excontralora Leticia N, la extesorera Alejandra N y algunos exfuncionarios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Teziutlán (Sosapatz), fueron denunciados por presunto daño patrimonial de más de tres millones 600 mil pesos, derivado de la venta de vehículos oficiales.
La denuncia fue presentada por la administración que preside Carlos Peredo Grau, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tal y como fue la instrucción de Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, quien en su reciente visita al municipio, precisó al alcalde proceder legalmente contra el exalcalde de Teziutlán.
Dicha querella, fue interpuesta, luego de un análisis de documentos que dan muestra de la venta de vehículos oficiales, sin que presuntamente existiera una justificación para que dichas unidades fueran dadas de baja, destacando la venta de 11 vehículos que causaron un supuesto daño patrimonial de 3 millones 618 mil pesos.
Entre las unidades que fueron comercializas a costo muy por debajo de su precio normal, se encuentra un Peugeot 2011, una Equinox 2018, un Ford Rangel 2015, cuatro camionetas Nissan 2014, un Fiat Estrada 2014, una Jeep Patriot 2013, una RAM 4000 Pluma montada, una camioneta Nissan 2016, una RAM Ford Súper Duty y una Trax 2015, entre otras.
Ante dicha situación, fueron los exfuncionarios antes menciones, quienes se habrían negado a brindar información respecto a dicha venta, conociéndose casos como el de la camioneta Equinox 2018, que fue vendida a un empleado del expresidente, así como el de una camioneta que pertenecía al Centro de Reinserción Social (Cereso) distrital, que ahora es propiedad del exedil, misma que fue adquirida en una agencia por 469 mil 400 pesos, pero que el acusado la compró por solo 250 mil pesos.
En el caso de una camioneta RAM 4000, que había sido destinada al área de limpia y que tuvo un costo de casi 800 mil pesos, fue vendida por la pasada administración en tan solo 200 mil pesos.
De acuerdo con la parte acusadora, el artículo 13 del Código Penal para el Estado “la forma de comisión del hecho es sancionado por la Ley como delito doloso”, en virtud de que fue con toda la intención, coincidiendo todos los elementos de tipos penales, como “peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades”.
De la misma forma, el exdirector del Sosapatz, la ex subdirectora administrativa, así como los tres primeros, fueron denunciados por el delito de desvío de recursos, por la supuesta sustracción y desvió de 7.3 millones de este organismo, mismos recurso que estaban destinados para obras de mejoramiento de agua potable, alcantarilladlo y tratamiento de aguas residuales y rehúso de las mismas, en el que la administración actual considera que existió simulación de supuestas aportaciones hacia el municipio, para la ejecución de dichas obras.
Por todo ello, la denuncia fue presentada ante la FGE, a fin de que ésta investigue las sanciones correspondientes y, en caso de corroborarse las acusaciones, aplicar las sanciones de ley.