Habitantes de cinco viviendas, ubicadas en la zona que circunda la antigua estación del ferrocarril en Teziutlán, que fueron desalojadas por una orden judicial, acusaron al alcalde Carlos Peredo Grau, por este supuesto abuso de autoridad y argumentaron carencia de fundamentos legales, al ser sacados del sitio en que han habitado cerca de 20 años, contando con escrituras e incluso han cumplido con el pago del impuesto predial y servicios básicos.
A través de un video en redes sociales, Erick Sánchez, señaló que el desalojo que tuvo lugar el pasado viernes 11 de diciembre, se llevó a cabo con uso de la fuerza pública, empleando para ello a más de 50 granaderos que ingresaron a las viviendas de manera violenta, sin presentar una orden jurídica y sin haber sido notificados de manera previa, calificando este hecho como un acto arbitrario que pone en riesgo la integridad de las familias, sobre todo en estos momentos de la pandemia.
“Este señor pone en riesgo la vida de todas las familias que habitamos y vivimos en estas casas, yo les pido que nos apoyen haciendo viral este comunicado, porque estamos siendo lastimado en nuestros derechos como ciudadanos”, señaló.
El quejoso también agregó: “yo quiero que el gobernador se entere de esto y que nos brinde todo el apoyo”, al tratarse de un acto arbitrario, toda vez que afirmó no haber recibido las notificaciones de ley, sino que los policías procedieron solo a “tirar las puertas de las casas, cuando nosotros jamás nos opusimos a que esto sucediera, somos personas que nos gusta el diálogo”.
Al respecto, el edil Carlos Peredo Grau, dijo que este desalojo, obedece a un juicio de nulidad promovido por el Ayuntamiento, debido a que dichas familias que se encontraban asentadas en la zona, se apropiaron de los predios a través de un juicio de usucapión, el cual no procede en propiedades federales, que en este caso pertenece a Ferrocarriles de México, valiéndose de jueces corruptos a fin de lograr su cometido, de ahí que contarán con documentos que acreditan su propiedad.
Según comentó, la intención es rescatar estas propiedades que son propiedades del municipio y no de particulares, señalando que si bien el juicio fue emprendido por su administración, fue un juez quien determinó que dicha propiedad fuera desalojada, tal y como corresponde a la ley, para de esta forma dar paso a la construcción de espacios dedicados a los niños en edad escolar.
De la misma forma, también mencionó que son otras dos propiedades que se encuentran en la misma situación, por lo que ya fueron iniciados los procedimientos correspondientes, enfatizando “no vamos a permitir que con una escritura que nace de la corrupción, alguien se quede con un bien del municipio o de la federación”, refrendando que los juicios de usurpación aplican en bienes particulares, pero no del estado.