Habitantes de la junta auxiliar pahuatlense de San Pablito externaron su desconfianza hacia la consulta de este sábado, convocada por el Instituto Electoral del Estado (IEE) tras el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema de autonomía presupuestaria en esta comunidad otomí.
Luego de que el pasado 23 de agosto esta sala dictó la sentencia en el juicio de reconsideración SUP-REC-682/2018 en la que el instituto electoral poblano deberá realizar, en cooperación con las autoridades municipales y comunitarias, la consulta previa informada y por conducto de las autoridades tradicionales, sobre los elementos cuantitativos y cualitativos respecto la transferencia de responsabilidades relacionadas con el ejercicio de sus derechos, según consta en la convocatoria fechada el pasado 29 de enero.
La cita esta fase consultiva para el próximo sábado, a las 12 del día, en el Centro artesanal de la comunidad de San Pablito. Entre las expectativas está la asignación de recursos de los ramos 33 y 20.
LA DUDA
Al respecto, habitantes de esta comunidad otomí mostraron su desconfianza porque, en la presidencia municipal, un grupo de 20 o 30 funcionarios llevan a cabo reuniones a puerta cerrada y desconocemos términos de esta convocatoria emitida, el pasado 29 de enero, por el IEE.
El asunto es que son 20 o 27 personas que son reconocidas como autoridades tradicionales, aparentemente conformado por expresidentes auxiliares, médicos tradicionales, los ancianos de la comunidad, mayordomos, quienes tomara la pauta para llevar a cabo esta consulta: "Ese la chingadera, no nos invita ni nos habitan", se quejó una de las fuentes, misma que criticó que pueden llevarse el presupuesto que las relacionadas y de ahí la desconfianza. "Se va a poner bueno", anticipó.
“Hay que recalcar que ésas autoridades tradicionales no fueron nombradas en una reunión, fue una designación directa por el presidente actual Rogelio Marroquín y Fidencio Romero Tobón”, dijo la fuente al tiempo en que resaltó que este último se dice representante de indígenas, pero ni siquiera habla alguna de sus lenguas.
LARGA BATALLA
El conflicto inició desde 2014 cuando el entonces presidente auxiliar de San Pablito, solicitó al entonces presidente municipal se otorgaran las participaciones federales que le corresponden para cubrir diversos gastos y las necesidades de la comunidad.
Este camino jurídico los llevó hasta finales de julio de 2018 cuando el TEPJF falló en el sentido de otorgar autonomía presupuestal a la comunidad de San Pablito, sentencia que ordena el congreso del Estado tomar en cuenta esta comunidad para que en el presupuesto de egresos 2019 le sea asignado una partida independiente a la que tiene derecho por ser comunidad indígena.
