SAN MARTÍN TEXMELUCAN, Pue.- En el periodo de gobiernomunicipal de Apolonio Méndez Meneses (1987-1990) sale publicado enel Diario Oficial de la Federación con fecha 3 de agosto de 1989el decreto expropiatorio de 30.67 hectáreas de terrenos delnúcleo ejidal de San Lucas Atoyatenco, que es ejecutado el 27 denoviembre del mismo año, con fines fundamentalmente de serviciospúblicos consistentes en la construcción de las centralescamioneras, estatal y federal, infraestructura y descentralizacióncomercial, de las vías públicas.
El Ayuntamiento cede los predios a las empresas encargadas derealizar las obras y parte de estos son vendidos a particulares,sin embargo en el periodo de gobierno de José Luis DomínguezHernández (1993-1996) las autoridades municipales deciden ocupar18.6 hectáreas de los predios expropiados para reubicar el 30 demayo de 1994 a tianguistas de las calles céntricas de la ciudad alos terrenos de Atoyatenco, situación que generó se promovieranjuicios de amparo por las empresas y algunos de los adquirentes delos terrenos.
Fue a partir del periodo del edil Víctor León Castañeda(1996-1999) que recayeron una serie de sentencias donde la Comunase negó a dar cumplimiento, alegando tanto una imposibilidadjurídica, como material para acatar las mismas, lo que motivó quese conformara ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación (SCJN) el expediente número 3/96, formado con motivodel incidente de inejecución de sentencia, relativo al juicio deamparo 895/94, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en elestado de Puebla.
Posteriormente, los alcaldes Enrique Porter Basbush (2002-1999),Sabás López Montaño (2005-2002), Rubén Garrido Muñoz(2008-2005), Noé Peñaloza Hernández (2008-2011), Carlos SánchezRomero y Teodoro Ixtlapale Caporal (2011-2014), hicieron lo propiopara no pagar de forma inmediata a los dueños de los terrenos elmonto solicitado por la SCJN a pesar que serían destituidas lasautoridades municipales sino cumplían el mandato.
Sin embargo es en la presente administración municipal quepreside Rafael Núñez Ramírez (2014-2018), donde se da aconocer la sentencia final el 22 de abril del 2015, en la que laSCJN pide al Ayuntamiento el pago inmediato de 565 millones depesos más actualizaciones a los compradores, de lo contrario aldesacatar un mandato judicial serían destituidos, sentencia quefue notificada nuevamente el 16 de junio del mismo año.