Un presunto daño patrimonial por más de 90 millones de pesos podría ser el monto que alcanza toda una serie de irregularidades que fueron detectadas y expuestas por autoridades municipales, encabezadas por Porfirio Loeza Aguilar, ello tan solo en el ejercicio fiscal 2018, correspondiente a la administración 2014-2018, periodo que fue gobernado por Ángel Guerrero Herrera.
Lo anterior, fue dado a conocer, tras haber concluido el periodo de 90 días, que otorga la ley, para que los gobiernos municipales llevaran a cabo una revisión de los documentos que fueron presentados, en el proceso de entrega-recepción, siendo tarea de las diferentes áreas que actualmente conforman este gobierno llevar a cabo una revisión minuciosa, con lo cual emitir un dictamen general del estado en el que fue entregado la administración.
De ello indicó, fueron encontradas diversas irregularidades en temas como integración de expedientes, inexistencia de documentos de arrendamiento, expropiaciones, adquisiciones, entre otros rubros; entre ello destaca el informe que fue otorgado por la tesorería actual, quien dio a conocer que no fue recibido del gobierno de Ángel Guerrero Herrera, la documentación del sistema contable del 2014 al 2017, motivo por el que fue imposible realizar un dictamen de los primeros 4 años de su administración.
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En este sentido, el edil expuso que existen inconsistencias, como es el caso donde el exedil hizo uso de prestanombres, para conjuntamente con sus familiares, se beneficiaran adquiriendo bienes o asignaciones de obras y servicios, dato que fue detectado por la comisión encargada del proceso de entrega-recepción.
Al respecto, dijo de manera textual: “Identificamos que ahí se violenta la ley, interviniendo cuestiones de familiares, presentando conflicto de intereses, por citar un caso el del terreno del hospital de Tochimpa, hay casos de obras que se otorgaban a familiares dentro del propio Ayuntamiento, cuando la ley es muy clara, están impedidos para concursar a participar”.
De la misma forma, Sergio López Moreno, asesor jurídico del Ayuntamiento, dijo que según indicaciones del edil, se hizo un intento para conciliar con algunos de los exfuncionarios, para solventar la falta de información, sin embargo, a pesar de que fueron notificados en tiempo y forma, estos hicieron caso omiso a dicho llamado.
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Al respecto, el alcalde Loeza Aguilar señaló que esta situación ya fue informada a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso local, que resultan ser las instancias encargadas de llevar a cabo una investigación al respecto y en dado caso se cite a dichos exfuncionarios para aclarar la información.
