/ martes 26 de noviembre de 2024

Emite CDH Puebla recomendación a alcalde de Izúcar por violación al derecho de acceso al agua

El caso comenzó cuando una ciudadana y su familia presentó una queja por el corte arbitrario de su suministro de agua potable

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) emitió una la recomendación dirigida al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, por la violación al derecho humano de acceso al agua en la localidad de San Isidro Labrador.

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De acuerdo con el documento, el caso comenzó cuando una ciudadana y su familia presentaron una queja ante la CDHP por el corte arbitrario de su suministro de agua potable.

Según la queja, el Comité de Agua Potable de San Isidro, bajo un sistema de usos y costumbres, exigió el pago de cuotas adicionales y la participación en faenas comunitarias y al no cumplirse estas condiciones procedió al corte del servicio.

La investigación de la CDHP reveló que este Comité no cuenta con un título de concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo cual lo imposibilita legalmente para administrar el suministro de agua. Además, el Ayuntamiento de Izúcar permitió que este órgano comunitario operara sin supervisión, lo que derivó en la vulneración de los derechos de los habitantes.

La recomendación establece que el Ayuntamiento debe garantizar el acceso al agua para las víctimas, eliminar las restricciones impuestas por el Comité y asegurar que el suministro de este recurso esencial sea administrado de acuerdo con el marco legal.

Asimismo, señala que mientras el servicio no se ajuste a las normas, las víctimas no están obligadas a realizar pagos o faenas relacionados con el agua potable.

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La CDHP destacó la interdependencia del derecho al agua con otros derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la vivienda digna, subrayando que la afectación a este servicio básico también impacta la calidad de vida de las personas, especialmente de menores de edad; una de las víctimas en este caso.

Esta recomendación pone en evidencia la necesidad de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad en la administración del agua potable y garanticen este derecho fundamental a todos los ciudadanos, independientemente de sistemas comunitarios o tradiciones que no estén alineados con la ley.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) emitió una la recomendación dirigida al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, por la violación al derecho humano de acceso al agua en la localidad de San Isidro Labrador.

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De acuerdo con el documento, el caso comenzó cuando una ciudadana y su familia presentaron una queja ante la CDHP por el corte arbitrario de su suministro de agua potable.

Según la queja, el Comité de Agua Potable de San Isidro, bajo un sistema de usos y costumbres, exigió el pago de cuotas adicionales y la participación en faenas comunitarias y al no cumplirse estas condiciones procedió al corte del servicio.

La investigación de la CDHP reveló que este Comité no cuenta con un título de concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo cual lo imposibilita legalmente para administrar el suministro de agua. Además, el Ayuntamiento de Izúcar permitió que este órgano comunitario operara sin supervisión, lo que derivó en la vulneración de los derechos de los habitantes.

La recomendación establece que el Ayuntamiento debe garantizar el acceso al agua para las víctimas, eliminar las restricciones impuestas por el Comité y asegurar que el suministro de este recurso esencial sea administrado de acuerdo con el marco legal.

Asimismo, señala que mientras el servicio no se ajuste a las normas, las víctimas no están obligadas a realizar pagos o faenas relacionados con el agua potable.

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La CDHP destacó la interdependencia del derecho al agua con otros derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la vivienda digna, subrayando que la afectación a este servicio básico también impacta la calidad de vida de las personas, especialmente de menores de edad; una de las víctimas en este caso.

Esta recomendación pone en evidencia la necesidad de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad en la administración del agua potable y garanticen este derecho fundamental a todos los ciudadanos, independientemente de sistemas comunitarios o tradiciones que no estén alineados con la ley.

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