Abandonados o sin sellos, ya sea de clausura o de la Fiscalía de Puebla, es como a un año de los hechos lucen algunos de los inmuebles cateados por las autoridades ministeriales ante la venta de alcohol adulterado que cobró la vida de más de 70 personas en diversos puntos de la entidad poblana. En cuanto a la situación legal de los que permanecen detenidos por este asunto, ya que dos fueron liberados, las autoridades continúan guardando hermetismo.
Mediante recorrido, este medio trabajo que sobre el bulevar Valsequillo, entre la calle Benito Juárez y privada Valsequillo del barrio de San Juan, el edificio marcado con el número 9319, permanece con los sellos de la Fiscalía de Puebla y la leyenda de “bien asegurado ”Bajo el folio 344.
Aunque una de las puertas al fondo, se nota abierta, el sitio luce polvoso, con varios papeles regados y abandonado.
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En tanto, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, sobre la calle Emiliano Zapata, el inmueble que en mayo de 2020 también fue cateado por las autoridades, luce sin sellos, cerrado y sin ningún tipo de actividad.
Pese a lo anterior, desde el inicio y hasta ahora, las autoridades ministeriales y judiciales se han negado a hablar sobre el estatus jurídico que guardan tres de las cinco personas que, en su momento, fueron aprehendidas por este asunto, ignorándose si continúan su proceso en prisión o en libertad.
Y es que previamente, en septiembre de 2020, otros dos detenidos por el caso, es decir una pareja dueña de una tienda en San Salvador El Seco, fueron puestos en libertad luego de que la juez estableciera que el arresto de los acusados únicamente de cohecho, fue ilegal. Es así como solo tres personas quedaron aprehendidas por la venta de alcohol adulterado.
Fue el 12 de mayo de 2020 cuando se supo de la muerte de 23 personas por beber alcohol refino en los municipios de Chiconcuautla, enclavado en la Sierra Norte de Puebla, así como en Xochitlán Todos Santos, en el centro de la entidad.
Las víctimas presentaron los mismos síntomas como dolor de cabeza, mareos y vómito, motivo por el cual buscaron atención médica, sin embargo, perdieron la vida en cuestión de horas.
Las muertes de este tipo aumentaron en el estado hasta llegar a 76 decesos y 104 personas intoxicadas en los municipios de Huauchinango, Huaquechula, Xochitlán Todos Santos, Zacatlán, Chignahuapan, Tepexi de Rodríguez, Huejotzingo y Puebla.
Todo derivó en que entre el 15 y 19 de mayo, la Fiscalía de Puebla realizara diversas inspecciones en un inmueble de Coronango, donde un sujeto fue detenido, y en el municipio de Puebla en puntos como San Miguel Canoa, San Francisco Totimehuacán, y la colonia San José Las Flores.
En ninguno de los casos, la FGE emitió información sobre el resultado de esos cateos, ni de la identidad de los asegurados.
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SE DESLINDA AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA
El ayuntamiento Chiconcuautla se desmarcó del caso donde se registraron 23 muertes por ingesta de alcohol adulterado. Las fuentes municipales aseguraron que el caso lo llevó el gobierno del estado.
A un año de distancia de aquel 12 de mayo de 2020, fecha en la que iniciaron las muertes de más de dos decenas de personas, hombres y mujeres, en su mayoría campesinos, el ayuntamiento que es presidido por Artemio Hernández Garrido, quien actualmente pretende reelegirse, respondió no tener datos sobre el caso.
Personal del área de Comunicación Social de la comuna, dio a conocer que el ayuntamiento no intervino para dar un seguimiento legal a los asuntos particulares, debido a que fue el gobierno del estado atrajo de manera directa el tema.
Al cuestionar sobre si hubo alguna medida que haya tomado la presidencia de Artemio Hernández Garrido, se dijo que no, porque el caso lo lleva el gobierno del estado, incluso no supieron precisar si hubo gastos clausurados o suspendidos por vender alcohol no apto para el consumo humano y si se les sancionó.
DATOS IMPRECISOS
Tras unos días de lo ocurrido, se pudo saber que el alcohol que se vende en Chiconcuautla, proviene, aparentemente de un proveedor del rumbo Zacatlán, demarcación vecina, pero hasta el momento no se ha precisado la información.
En otra vertiente, fuente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dieron a conocer que algunos familiares se acercaron a representantes de esa institución para solicitar asesoría legal para poder “hacer justicia a sus seres queridos”, pero los dolientes no dieron una secuencia a su petición.
Se informó que el área que se encarga de acompañar a los solicitantes de apoyo jurídico, se notificó y se estuvo a la espera de recibir a los familiares de las víctimas, para que formalizaran su petición que sólo hicieron de manera verbal, pero ya no hubo acercamiento de parte de los solicitantes.
Hasta el 15 de mayo del año 2020, en Chiconcuauatla sumaron 23 personas muertas por intoxicación; todos los casos fueron relacionados con el consumo de una bebida identificada como refino o aguardiente, líquido que se distribuye sin marca, sin embotellar y se vende entre 15 y 20 pesos, “distribuido en diferentes tiendas por un proveedor”. La bebida fue identificada por distintas familias de las víctimas como el causante de los decesos, versión que coincidió con informes de la Secretaría de Salud.