El Pueblo de Santa María Coapan exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) celeridad en la clausura definitiva del relleno sanitario que instaló el ayuntamiento de Tehuacán en su territorio hace 28 años, el cual fue utilizado como vertedero de residuos sólidos urbanos, pero también de desechos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial, y que en 2022 fue finalmente clausurado de forma temporal por el gobierno de Puebla.
En entrevista con El Sol de Puebla, la representante legal del Pueblo de Coapan, Lizy Peralta Mercado, manifestó que sus clientes vieron con buenos ojos que el gobierno de Tehuacán ya elaboró un plan de remediación para el sitio y que la Profepa reconoció al fin su responsabilidad en la problemática, sin embargo, lamentó que ello haya sido consecuencia de tres denuncias interpuestas contra ambas autoridades desde 2021.
El martes, el alcalde tehuacanero, Pedro Tepole Hernández, informó que el fin de semana siguiente funcionarios de su administración presentarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su propuesta de proyecto para remediar los daños ecológicos provocados por el relleno sanitario. Expuso que la idea es completar dicho proceso en aproximadamente tres meses.
Ante ello, Peralta Mercado manifestó que ningún integrante del Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María Coapan ha visto el documento elaborado por el ayuntamiento todavía. No obstante, indicó que ahora la exigencia para la Profepa es que, antes de autorizar el plan, analice rigurosamente su contenido y, en caso de ser necesario, ofrezca adecuaciones sustentadas en la ciencia y la normatividad nacional.
Lo anterior con la finalidad de no alargar innecesariamente el detrimento ambiental que afecta a más de 17 mil habitantes de esa junta auxiliar, y que hoy se agudiza frente al incendio que empezó en mayo de 2022 y que a la fecha no ha sido extinguido.
Análogamente, señaló que la dependencia federal es la única responsable de emitir un decreto de clausura permanente del sitio, pues ello no ha ocurrido todavía. Asimismo, está obligada a conducir una rigurosa investigación para cuantificar el nivel de daños y responsabilidades.
Lo anterior es importante debido a que el lugar fue clausurado en 2022, pero de forma temporal y por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot). Según la jurista, es fundamental que esta acción sea decretada por la autoridad federal, pues de lo contrario se deja “la puerta abierta” para que se pueda intervenir el espacio de forma irregular.
Antecedentes del conflicto
La vida útil del relleno sanitario de Coapan se proyectó hasta 2021, no obstante, la autoridad municipal no mostró interés entonces para cerrar el sitio. Esto provocó la inconformidad del Pueblo, quien interpuso una denuncia por daños medioambientales, muchos de los cuales eran provocados por la presencia de residuos peligrosos y lixiviados que comenzaron a infiltrarse en el acuífero del Valle de Tehuacán.
La dependencia federal se negó, en primera instancia, a atender la problemática, debido a que argumentó que la situación le correspondía a las autoridades municipales y estatales, pues justificó que el tiradero era utilizado para basura urbana y rechazó que hubiesen residuos de manejo especial, tal como denunció la comunidad.
El problema fue que ante la negativa de la Profepa, ninguna acción legal prosperó entonces, lo que llevó a la población a cerrar de forma social el tiradero, negando al Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) verter la basura en ese lugar que mide 18 hectáreas.
La comunidad interpuso un amparo para hacer que la autoridad federal no evadiera su responsabilidad, y ganó ese recurso ante la justicia federal el año pasado.
La única autoridad que actuó en consecuencia en ese momento fue la estatal, pero sólo cerró el acceso de forma temporal. Esto sucedió luego de que el 6 de mayo de 2022 se originó un incendio al interior del tiradero, que se expandió rápidamente y consumió a su paso los residuos, muchos de ellos de manejo especial.
No obstante, en diciembre de 2022 la Profepa finalmente reconoció, mediante un análisis de campo, que en el tiradero de Santa María Coapan existían residuos de manejo especial y que los lixiviados ya habían alcanzado las aguas subterráneas. Esta resolución fue informada al Pueblo de Coapan el 11 de enero pasado.
Por ello, al tratarse de residuos de esa índole, y de aguas propiedad del país, automáticamente se volvió un asunto de interés nacional, por lo que la dependencia ya no pudo negarse a atender la problemática.
Ahora su responsabilidad es aprobar el plan de remediación, el problema es que la ley no establece plazos para realizar dicha acción, lo cual deja completamente a criterio de la dependencia ejecutar el análisis.
Aunque esta decisión de la Profepa –de reconocer su obligación legal–, fue reconocida como un paso importante en la lucha por la defensa del territorio, el Pueblo de Coapan aún demanda que se han cometido varias inconsistencias desde hace varios años, por lo que el camino de restauración del daño todavía es prolongado.
Terreno le pertenece al Pueblo y no a la junta auxiliar o al municipio: abogada
Según la defensora jurídica, el 21 de mayo de 1968 un juez en materia civil determinó en el juicio sumario 77/968 que las mil 282.20 hectáreas donde fue instalado el tiradero son propiedad del Pueblo de Santa María Coapan y nadie más, es decir, no le pertenecen a ninguna otra autoridad administrativa más que a la comunidad.
No obstante, hace 28 años, el gobierno de Tehuacán decidió colocar el relleno en ese lugar, y para ello firmó un convenio con el Comité de Bienes de Coapan de ese entonces, sin embargo, la litigante expone que nunca se formalizó un memorándum del encuentro. Lo que se determinó fue que la comuna pagaría a la comunidad por ocupar las tierras, el problema fue que gran parte de ese dinero se ha ido a la junta auxiliar y no a la asamblea comunitaria.
Por lo tanto, Peralta Mercado finalizó diciendo que el Pueblo de Santa María Coapan no sólo busca la remediación ecológica, sino que también pretende que el ayuntamiento de Tehuacán asuma responsabilidad sobre las supuestas omisiones que cometió durante casi tres décadas, principalmente por permitir el ingreso de residuos de manejo especial y la afectación de los mantos acuíferos mediante los lixiviados, pero también por no haber retribuido a la comunidad por su espacio.