Ixtacamaxtitlán, Pue. – Más de 15 organizaciones sociales alzaron la voz en un comunicado conjunto, exigiendo al gobierno mexicano que considere las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente causadas por la minera canadiense Almaden Minerals Ltd. Esta empresa está demandando al Estado mexicano por 200 millones de dólares debido a la cancelación de su proyecto minero, tras una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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“Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”, señala el comunicado. Entre las organizaciones firmantes están: Fundar, Poder, Unitona, Cesder y el Movimiento Atzin.
Contexto Legal y Social
El pasado 27 de junio, Almaden Minerals Ltd. solicitó un proceso de arbitraje contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un mecanismo del Banco Mundial. La empresa invocó el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.
Las organizaciones recordaron que en 2022, la SCJN revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, afectando el derecho humano al territorio, a la consulta previa, libre e informada, y al consentimiento de la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán.
En respuesta a la resolución, Almaden Minerals Ltd. señaló afectaciones por la cancelación retroactiva de las concesiones otorgadas 20 años antes, por lo que exigió al gobierno mexicano una indemnización económica y anunció un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.
Por el contrario, las ONG señalaron que:
hasta este momento, las actividades de Almaden Minerals Ltd. en Ixtacamaxtitlán generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa
Las organizaciones señalaron que la empresa sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones documentadas por la Unión de Ejidos a lo largo de diez años de lucha.
Cabe recordar que las autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios sobre los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán, concluyendo que la actividad minera no es factible en la región debido a los múltiples factores que potencialmente desencadenarían la pérdida del ecosistema.
Las organizaciones solicitaron a las autoridades que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas afectadas, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
Asimismo, solicitaron que el Tribunal de Arbitraje del CIADI facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente. Consideraron que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas sin considerar la opinión de las comunidades afectadas, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.
Las organizaciones exigieron que no se impongan más proyectos de extracción en su territorio y reiteraron que su derecho humano a la libre determinación y el consentimiento debe prevalecer sobre los intereses de las corporaciones.
Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos y nuestro territorio. No permitiremos que intereses económicos extranjeros determinen nuestro futuro concluyeron las organizaciones en su comunicado.
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