Familiares de tres jóvenes detenidos en enero de 2019, que fueron relacionados con una banda de secuestradores, se manifestaron en la Casa de Justicia de Tehuacán debido a que ya han transcurrido 5 años y medio sin un juicio. Tras varios minutos de inconformidad, un delegado de Gobernación les propuso un diálogo en la ciudad de Puebla.
Los familiares de José Barquín fueron quienes decidieron hacer esto público debido a que, después de tanto tiempo, hace 7 meses tuvieron una audiencia que se suspendió por irregularidades, señalando que volverían a reanudarla, pero hasta la fecha no han recibido noticias al respecto. La desesperación y el hecho de ya no tener ningún bien para vender y continuar con el caso los impulsaron a alzar la voz.
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También se unieron a la manifestación los familiares de Héctor y Armando, otros dos de los detenidos, que fueron relacionados con una detención realizada por elementos de la Fiscalía de Investigación de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), en el mismo lugar donde se encontraban estos tres amigos.
Con pancartas que rezaban "exigimos justicia", se llevó a cabo esta manifestación para denunciar un proceso legal arbitrario que se desarrolló en la Avenida 38 Poniente de la colonia Tepeyac, y no sobre la carretera federal 150 México-Veracruz a la altura de la población de Francisco I. Madero, como consta en la carpeta de investigación, pues ahí supuestamente tuvo lugar el cobro de un secuestro.
Los familiares mencionaron que otra inconsistencia en el proceso es la falta de un señalamiento directo contra los jóvenes, además de que durante la detención se violaron sus derechos: hubo detonaciones por parte de los elementos de la FISDAI simulando un enfrentamiento y fueron golpeados. A pesar de esto, llevan ya 5 años y medio en la cárcel sin ser consignados.
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Además, los familiares indicaron que en la causa CDI24/2019FISDAI, en la última audiencia no coincidían los documentos del juez con los de la defensa, lo que llevó a determinar que era demasiado tiempo sin que se dictara sentencia y podría haber una sanción para la Fiscalía. Reiteraron su confianza en la inocencia de sus familiares y que, a pesar de los trámites de amparo realizados ante Derechos Humanos, no han obtenido resultados favorables.
Por todo ello, decidieron hacer el caso mediático para que las autoridades, como el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Presidencia de la República, intervengan y se aplique la justicia en esta detención ilegal. Con la presencia de un delegado de Gobernación, las familias lograron tener unos minutos con el fiscal del Estado, Gilberto Higuera Bernal, para exponer su caso.