Habitantes de Acatzingo se manifestaron ayer en la presidencia municipal para exigir al edil, Carlos Valdez Tenorio, que solicite la intervención del Ejército ante la ola de violencia y delitos que se cometen a diario en el municipio.

De forma paralela, presentaron un oficio en la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) para pedir el envío de agentes investigadores, pues señalaron que son insuficientes los elementos de Seguridad Municipal y Estatal.

De acuerdo con los pobladores, la delincuencia organizada que opera en la zona comete a diario robos de vehículos, asalto a transporte público, a transeúntes, secuestros y robo de hidrocarburo, por lo que consideran que solo las Fuerzas Armadas restablecerían el orden.

Refirieron que los asaltos a transeúntes, casa habitación y comercio son una “constante” y que los delincuentes los cometen con extrema violencia, portando armas de alto calibre, a fin de intimidar a las víctimas para que no denuncien.

DROGAS AFUERA DE LAS ESCUELAS

Respecto a la venta de droga, indicaron que acontece fuera de las escuelas y en espacios públicos, ante la vista de los ciudadanos y utilizando a menores de edad.

ROBO DE VEHÍCULOS

El modus operandi del robo de vehículos y mercancía consiste en que los asaltantes portan armas de fuego y utilizan al menos tres vehículos sin placas: uno adelanta la marcha al que va a ser asaltado, otro se coloca al costado y el tercero se coloca en la parte trasera para impedir que la víctima continúe su trayecto.

DESAPARICIONES

Desde 2017 la incidencia de desaparición forzada de personas –alertaron– ha incrementado, lo cual se agrava porque en muchos casos se desconoce el paradero de la víctima o los familiares encuentra el cadáver en estado de descomposición.

En torno a los secuestros, se han incrementado, junto con las llamadas de extorsión, desde julio de 2018.

ROBO DE COMBUSTIBLE

Y en cuanto al robo de combustible, en los ductos de Pemex que pasan por el municipio, informaron que ha crecido “ante la ineficiencia de las autoridades municipales”, lo que causa “enfrentamientos en vía pública y daños a ciudadanos, quienes han resultado lesionados y afectados en su patrimonio”.