San Felipe Tepatlán, Pue.- En nuestro país hace falta una leyde consulta indígena que especifique todo el proceso establecidoen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), señaló Fernando Barrera, director de asuntos políticos ysociales de Deselec 1, durante la entrevista en la que negó losseñalamientos que los opositores al proyecto hidroeléctricoPuebla-1 han imputado a la empresa, como la falsificación defirmas, simulación de procesos y hechos de intimidación oagresión.

La empresa que ha marcado una política muy clara para evitarlos reflectores mediáticos y se ha concentrado en los retos que leha impuesto el proyecto hidroeléctrico proyectado en losmunicipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán y da su posturasobre este controversial proyecto. Así, El Sol de Puebla es elúnico medio que ha podido entrevistar algún ejecutivo de estaempresa.

ASUNTOS LEGALES

El entrevistado arguyó –sobre el tema de los diferentesrecursos legales y en materia de derechos humanos– que cadapersona es libre y que no van a limitar a un grupo, por cualquieraque sea el motivo por el que ingrese algún recurso ante cualquierautoridad, no sólo a la Organización de las Naciones Unidas(ONU), sino también en los recursos que sean instaurado por lavía judicial –como el amparo– y los propios ante la ComisiónNacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"No vamos a buscar reprimir, lo que buscamos es que haya esaapertura y que –también– haya justicia, si en algún momentosomos requeridos por alguna autoridad o alguna instancia formalpara hacer alguna declaración o ingresar algún tipo de prueba,como los permisos o la consulta indígena, con todo gusto se lavamos a entregar", aseguró.

Según dijo, no han violentado ningún derecho humano, bajoningún esquema. Abundó en que no han amedrentado a nadie, lo queincluye a las personas que han externado su opinión voluntariaante el proyecto.

Ejemplificó con la queja presentada ante la CNDH por un grupode ciudadanos que, entre los argumentos señalados, era lasensación de no sentirse protegida y la manifestación de dañospsicológicos, por lo que requirieron las autoridades localescompetentes un informe sobre el hecho, que –entre otras cosas–revela que no habían tenido alguna manifestación de inconformidadpor algún ciudadano, "me imagino que el Ayuntamiento se mostróasombrado ante ello porque nunca antes habían tenido una queja, enSan Felipe y Ahuacatlán", afirmó.

Puntualizó que ciertos grupos entendidos amenazados oamedrentados o que no se sientan a gusto por una acción de laempresa: "nunca se lo han hecho saber al municipio, quienes al juezde paz o al presidente auxiliar de las comunidades, nunca han idocon la autoridad municipal para solicitar que se haga algo, alguienme llama la atención porque nunca hemos hecho algo para que seacatalogado de esa manera".

Aseveró que nunca ha hecho uso de ningún tipo de fuerza –nipública ni privada– en contra de algún miembro de la comunidad,aunque confirmó que tienen conocimiento que las personas queestán a favor del proyecto hidroeléctrico en sentido agredidospor las personas que están en contra del proyecto y que yainterpuso algún tipo de recurso jurídico, a título personal,ajeno al tema de la empresa.