El apoderado de la familia Romero Bringas y Celis Romero señalaron a través de un comunicado que la disputa por la herencia de la empresaria Socorro Romero Sánchez, no se está haciendo entre particulares, ya que la diputada local, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, quien busca desconocer el testamento, está realizando tráfico de influencias para pelear por esta herencia que es valorada en 600 millones de dólares.
La semana pasara el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, fue cuestionado en rueda de prensa sobre esta disputa de la empresaria tehuacanera, señalando que se trata de un asunto entre particulares en los que el Estado no puede intervenir, sin embargo, el apoderado de la familia aseguró que esto no es así.
A través de un comunicado, el abogado Rodolfo Pérez Velázquez, quien es apoderado de la familia, recalcó que la herencia de la “señorita”, como cariñosamente la conocían en la ciudad de Tehuacán, logró conjuntamente con sus hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, así como con sus sobrinos y nietos, desarrollar económicamente la región del sur de Puebla y otras partes del sureste del país, quedando en manos de la familia Romero Bringas y Celis Romero desde su muerte en el 2009.
Detalló que los abogados García Luke, que en su momento reconocieron la validez del testamento, cuando patrocinaron a María Elvira Celis Romero y su esposo Alfonso Fernández en el año 2013, ahora estos mismos abogados trabajan asesorando a la diputada local impugnando de nueva cuenta el testamento, a pesar de que múltiples testigos vieron a la señorita en sus últimos días, como se muestra en los videos que han estado circulando en relación con la vida y obra de Socorro Romero Sánchez, generándose un conflicto a pesar de haber conocido el asunto previamente, siendo para ellos una irregularidad y falta de ética profesional.
De la misma manera, refirió que “por la investigación privada de la defensa, que se intentó obtener sin derechos la cantidad de 5 millones de dólares”, que forma parte de un fideicomiso que la señora dejó en Islas Caimán, destinado a actos de beneficencia y para realizar obras dirigidas a sectores marginados en el país, mencionado tener la documentación de dicho señalamiento.
Al respecto, el abogado pidió que se garantice el Estado de derecho y que no se permita que nadie, aun siendo la presidenta de la Comisión de Inspección del Congreso del Estado de Puebla, actúe de manera ilegal contra los derechos humanos en el estado, indicando que la diputada, conjuntamente con los abogados citados, actúan en pleno conflicto de interés, un abuso de poder y tráfico de influencias.
Pérez Velázquez pidió que el proceso se lleve tal como lo es, entre particulares y que la diputada local no se aproveche del posicionamiento que tienen en estos momentos como legisladora, para poder obtener beneficios ilegales a su favor.
Cabe destacar que este proceso jurídico se encuentra en un proceso complicado, por lo que piden a las autoridades no intervenir y apoyar la igualdad entre las partes y el respeto a los derechos humanos de doña Estela Romero Bringas y sus hijos Alfonso Celis Romero y Miguel Ángel Celis Romero.