Izúcar de Matamoros, Pue. A pesar de que El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) amonestó públicamente al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Benjamín Hernández Lima y ordenó realizar el pago total de las remuneraciones que corresponden a los regidores inconformes por no cumplir requerimientos, la síndico municipal afirmó que el gobierno no ha sido notificado formalmente sobre dicha resolución, así como de su contenido y de sus alcances.
De acuerdo con el Tribunal, las acusaciones provienen de los regidores: Rosa Elena Alfaro Martínez, Mayte Martínez Briseño y Santiago Cabrera Narciso, quienes acusaron que el Cabildo les redujo su salario hasta el 25 por ciento, esto a pesar de que votaran en contra de la propuesta, mientras que los afectados señalaron irregularidades desde la primera de dos reducciones, pues hasta el momento no hay proyectos claros.
La regidora Rosa Elena Alfaro, una de las afectadas detalló que además de esta resolución se realizó una segunda amonestación al secretario General del municipio, Esteban Antoni Ortiz Aguilar, por la “alteración del voto” en un acta de Cabildo, con la cual consiguieron aprobar la cuenta pública que necesitaban para que, una vez firmada, fuera remitida a la Auditoria Superior del Estado (ASE).
Durante la resolución, los magistrados determinaron imponerle una amonestación pública al presidente municipal Benjamín Hernández, quien a su vez incumplió con un requerimiento necesario para la sustanciación de este asunto.
Sin embargo, Irene Olea Torres, síndico municipal informó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha sido notificado formalmente sobre la resolución del TEEP, ni su contenido y los alcances que podría tener dicha resolución.
“Somos respetuosos de las instancias impartidoras de justicia, pero también, en caso de no coincidir con los criterios y justificaciones que dan por resultado una resolución, este Ayuntamiento, al cual represento, siguiendo los preceptos legales, acudiremos a la instancia competente, para que resuelva de manera definitiva” señaló.
Manifestó que van a respetar las decisiones de la instancia, pero valorarán las justificaciones de la sentencia, que en caso de que no sean bien argumentadas, apelaran ante las instancias pertinentes para que se resuelva el caso definitivamente y de manera justa, aunque existe una contracción, porque desde las primeras irregularidades las denuncian fueron entregadas a Olea Torres, como abogada y defensora del pueblo.